Los últimos días del ex primer ministro de Pedro Castillo son demasiados oscuros e inciertos; de encontrarse documentos que lo sindican uno de los autores del mensaje del golpe de Estado del 7 de diciembre, haber declarado que conversó con terrorista, a quedarse fuera de toda función pública durante un decenio.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra Aníbal Torres que recomienda inhabilitarlo 10 años de la función pública por presunta infracción a la carta magna.
Fueron 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. En este caso, se le atribuye presunta infracción constitucional a Torres por supuestamente “azuzar” públicamente a la población a movilizarse en contra de “los golpistas”, la “derecha” y el Congreso.
El documento fue elaborado por la fujimorista Martha Moyano, quien concluye que “sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales” en las declaraciones del exjefe del gabinete.
Por su parte, el parlamentario Edgar Reymundo (Juntos por el Perú -Cambio Democrático) criticó el informe final y calificó la propuesta de inhabilitación como una “persecución política” contra Aníbal Torres. “Es insostenible (decir) que una declaración pueda ser infracción constitucional. (…) Es una exageración pedir una inhabilitación de 10 años”, reclamó.
A su turno, el legislador José María Balcázar (Perú Bicentenario) aseguró que los actos parlamentarios deben regirse conforme a la Constitución y a los derechos humanos: “No podemos dejarnos llevar por la pasión política para pretender al opositor llevarlo a un enjuiciamiento constitucional”.
El informe final contra el ex premier Aníbal Torres
La congresista Martha Moyano, autora del informe final, considera que Torres ha afectado normas de la Constitución, específicamente los artículos 38, 45 y 125. Aníbal Torres, en su defensa, manifestó que no hay antecedentes de que alguien sea acusado por criticar a sectores de derecha, pero su argumento no fue aceptado por la fujimorista.
“Los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, vertidos fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, sí constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”, reitera Moyano.
Ahora, el informe final será elevado a la Comisión Permanente. Luego, de ser aprobada en esta última instancia, pasará al Pleno del Congreso.