Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dice no al blindaje, pero ¿Resolverá los casos que archivó el Parlamento anterior?

Han transcurrido tres meses desde que el Congreso Extraordinario 2020 se instaló y el último jueves la Comisión Permanente aprobó con 27 votos la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo de trabajo está integrado por 19 parlamentarios de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Agrícola del Perú, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y el Frente Amplio.

Lo cierto es que el presidente de este grupo de trabajo Luis Roel Alva de Acción Popular, estará en los ojos de la opinión pública, considerando que varias denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado (jueces, fiscales, y congresistas) quedaron truncas desde el anterior Congreso, lo que mereció el rechazo nacional, no solamente por la dilatación de las investigaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento disuelto que archivó varios casos, sino, por ese nefasto afán de blindaje sistemático que favorecieron a controvertidos funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción. Dicha protección, básicamente fue ejercida por aquel grupo de congresistas de la llámese asociación lícita para blindar: el fujiaprismo.En ese sentido, se blindó a magistrados del antiguo CNM como Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez, y Guido Águila, y en especial al hermanito, el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi.

Esta vez la subcomisión tiene acumulado más de 100 casos para resolver en lo que resta de la legislatura. Entre los más sonados y mediáticos que se tendrán que atender con celeridad, están los del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (acusación por el delito de encubrimiento real), César Hinostroza Pariachi (que fue blindado por el expresidente de la subcomisión fujimorista César Segura, de los delitos de Patrocinio ilegal, Tráfico de influencias, Cohecho activo, Cohecho pasivo, y Organización criminal) Luciana León ( por ser presunto brazo político y legal de la organización criminal Los Intocables Ediles), Héctor Becerril ( por su presunta vinculación con la organización criminal Los Temerarios del Crimen y por presuntos delitos de Organización criminal, Tráfico de influencias, Colusión agravada, Patrocinio ilegal, y Cohecho activo genérico). Así como los Fiscales Supremos Jaime Alcides Velarde y Víctor Rodríguez Monteza. Asimismo, los excongresistas Moisés Mamani, Yesenia Ponce, Roberto Vieira, Javier Velásquez Quesquén, Carlos Bruce y Daniel Salaverry.

La relevancia del tenor de las denuncias ayudará a que se simplifiquen los tramites congresales, ya que, si antes no ejercen el antejuicio político, no serán plausibles de ser procesados penalmente. Esperemos que, en las próximas semanas, hayan derivado, por lo menos una gran parte de las denuncias a la Comisión Permanente, hasta que lleguen al Pleno. En tanto, solo así quedaría el camino llano para que la Fiscalía de la Nación finalmente formule las denuncias penales respectivas.  

Algunos integrantes de la subcomisión tienen serios cuestionamientos

Como sabemos, la alianza fujiaprista del Congreso disuelto brindó una feroz protección a varios funcionarios a través de un blindaje que terminó en archivamiento.

Una vez más, otro congresista fujimorista Carlos Mesía Ramírez está integrando la subcomisión,  pero entendemos que su designación tampoco tiene sentido, porque además ha sido abogado personal del exfiscal Pedro Chávarry. En ese sentido, ¿habrá imparcialidad cuando Mesía emita su voto para decidir la acusación constitucional contra Pedro Chávarry? Considerando que va a ser juez y parte en esa decisión ¿acaso eso no es un conflicto de interés?

No olvidar que Carlos Mesía hoy está en el Congreso gracias al pueblo que lo eligió, porque quizá no escuchó lo que este parlamentario dijo antes de ser candidato al Legislativo.

En septiembre pasado, él asistió al Parlamento para exponer ante la Comisión de Constitución su desacuerdo con el proyecto de ley para el adelanto de elecciones que estuvo impulsando el presidente Vizcarra, y esto fue lo que dijo: “Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. El pueblo no sabe qué es el bien común, Los políticos sí saben lo que es el bien común”. Esas declaraciones generaron el repudio en las redes sociales y llegaron a oídos del propio Presidente Vizcarra, tanto así que en un encuentro público que tuvo en el cono norte, el mandatario le respondió molesto: “Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho no hay que hacer caso a la población, porque la población se equivoca. No es así, tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo, y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo”.

Pero Mesía insistió en su terquedad y en una entrevista en RPP se reafirmó en todo lo que había dicho, y simplemente arguyó que sus frases fueron sacadas de contexto. Y ante las preguntas de su entrevistador, él insistió en su análisis doctrinario y se siguió enredando en sus contradicciones… porque textualmente dijo: “Al pueblo se le escucha siempre, lo que no quiere decir que se le haga caso… no siempre… al pueblo se le escucha y se le hace caso no siempre…”

Habrá que estar atentos ante el próximo desempeño del abogado aprista que hoy funge de fuerzapopulista, y también habrá que observar a su compañera de bancada y de la subcomisión Martha Chávez, porque sus votos eventualmente servirían para poder blindar nuevamente al exfiscal Pedro Chávarry.

Edgar Alarcón Tejada, el cuestionado excontralor de la República que en 2017 fue descubierto en un comprometedor audio con el extitular del MEF Alfredo Thorne cuando hablaban del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero; actualmente es congresista por Unión por el Perú, y además de presidir la Comisión de Fiscalización, también es integrante en la subcomisión. Asimismo,  salió por la puerta falsa de la Contraloría de la República porque fue destituido, y actualmente tiene seis investigaciones fiscales (por Peculado doloso, Enriquecimiento ilícito en dos procesos, y Omisión de funciones). Se presume que postuló al Congreso para adquirir inmunidad ante sus procesos que están en curso; aunque él siempre señala que luchará contra la corrupción.  

José Vega Antonio es el presidente de UPP (Partido Unión por el Perú) y en diciembre de 2006 se hizo tristemente célebre por un escándalo que protagonizó en una juerga de alcohol y vedettes en Brasil. La prueba es una fotografía que registró Carlos Torres Caro, donde se ve que un moreno sujeta a Vega por la espalda en un cabaret, cuando éste viajó como vicepresidente del Congreso con viáticos del Estado. Actualmente como integrante de la subcomisión, Vega tendrá que votar para decidir la situación del presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos, César Hinostroza Pariachi. Pero ¿cuál será realmente el resultado de su voto? tomando en cuenta que tiene un vínculo amical con el hermanito, gracias a que se reveló un audio de abril de 2018 en el que se oye a Vega decir: que ya estaba cerca de Palacio de Justicia, y le pregunta a Hinostroza: “¿Qué piso estás hermano, qué piso estás?” y éste le responde: “Estoy en el tercer piso, en la sala de audiencias ahorita. Estoy debatiendo”. El exvocal le dice a Vega que pregunte por el tercer piso y que se dirija a la oficina 334 a la Segunda Sala Penal Transitoria. Antes de finalizar la llamada Hinostroza respondió: “Ya hermano, gracias, un abrazo”. 

Otto Guibovich Arteaga también integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en 2011 fue vocero técnico del Plan de Gobierno de Castañeda Lossio y su Alianza Solidaridad Nacional. Él tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de Negociación Incompatible y Colusión en Agravio del Estado por una supuesta compra de tanques de combate.

El General de División del Ejército en retiro actualmente es vocero de Acción Popular. Entre tanto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está a cargo de su caso para determinar su responsabilidad en una adquisición de cinco tanques MBT-200 para favorecer a la empresa estatal china North Industries Corporation (Norinco) cuando aún era Comandante General del Ejército en 2009.

En su etapa militar Guibovich tuvo una activa participación en cargos de confianza durante el gobierno de Alberto Fujimori, porque en su calidad de Teniente coronel estuvo destacado al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) que era dominado por Vladimiro Montesinos. Según el Semanario Hildebrandt en sus trece también lideró el Batallón de Comandos N°19 de Chorrillos. Aquella unidad militar se encargaba de la protección personal de Montesinos y del exgeneral Hermoza Ríos. Asimismo, en las postrimerías del régimen fujimontesinista en 1,999 fue integrante de la DINTE (Dirección de Inteligencia del Ejército), aunque él ha negado haber pertenecido a dicho órgano de inteligencia, porque aduce que en esa época era Agregado Militar en Cuba. 

Jorge Vásquez Becerra Congresista por el departamento de Cusco por Acción Popular y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tiene asuntos pendientes con la justicia y debe responder por una presunta compra sobrevaluada porque está investigado por la Fiscalía por el presunto delito de Colusión ya que en 2011 durante su desempeño como Director Ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional de Cusco, avaló una compra de combustible al grifo San Martin SAC, cuyo propietario es César Flórez García, hermano del exalcalde de Cusco, Luis Flórez García. El congresista Vásquez, a pesar que se encuentra investigado ha rechazado enfáticamente cualquier presunción de alguna supuesta concertación con otro interesado, y por tanto considera que luego de la conclusión de la investigación, el Ministerio Público la archivará. ¿Él cómo puede estar seguro de eso?  

Así las cosas, todos aún recordamos las promesas que hicieron los actuales parlamentarios cuando eran candidatos, y lo primero que prometieron al pueblo peruano fue la lucha contra la corrupción, contra las repartijas, y los blindajes que había ejercido el Congreso disuelto en favor de los oscuros personajes ligados al caso Lava Jato, a Los Intocables Ediles, a Los Temerarios del Crimen, y a Los Cuellos Blancos del Puerto. Ellos aseguraron que luego de ser elegidos, inmediatamente agilizarían las acusaciones constitucionales que quedaron pausadas y que resolverían el antejuicio político para que luego esas acusaciones sean trasladadas a la jurisdicción de los tribunales competentes.

Finalmente, el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a pesar que no tiene mucho tiempo, porque apenas queda poco más de dos legislaturas ¿Resolverá realmente los más de cien casos acumulados desde el Congreso anterior?