La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso del Parlamento aprobó por unanimidad con 11 votos a favor, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la legisladora por Loreto Rosío Torres, por el caso ‘Mochasueldos’.
El grupo de trabajo parlamentario admitió a trámite la denuncia contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) por el presunto delito de concusión.
De acuerdo a la denuncia constitucional 456°, «La congresista habría doblegado la voluntad de sus trabajadores, tanto de su despacho como del personal de confianza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ejerció la presidencia de la misma».
Dicha denuncia sindica a la parlamentaria de haber obligado a sus trabajadores de entregar un monto fijo de sus salarios mensuales; así como, cualquier bono extraordinario.
«Se obligó a los trabajadores de la denunciada para que entreguen un monto fijo de sus remuneraciones mensuales y que adicionalmente entreguen cualquier bono extraordinario», se lee en el documento.
Hay que precisar que la denuncia cumplió con todos los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89° del Reglamento del Congreso y por tanto, se admitió a trámite por ser procedente y se acumula con las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares.
Como se recuerda, Rosío Torres habría obligado a que sus trabajadores del despacho parlamentario le depositen una parte de sus sueldos a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. A raíz de ello, el 1 de marzo del 2024, la Fiscalía presentó ante el Congreso, dos denuncias constitucionales contra las congresistas Rosío Torres Salinas y Heidy Juárez Calle, por el caso ‘Mochasueldos’.
En ese sentido, el Poder Judicial (PJ) el 8 de marzo declaró fundado el requerimiento para levantar el secreto bancario de la congresista Rosío Torres. La medida la tomó el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley.
