No quieren que se sigan descubriendo a los ‘mocha sueldos’ ni a los que trabajan vía remota desde una playa, o aquellos parlamentarios que les gusta viajar con el dinero de todo el pueblo, ni mucho menos sus banquetes y excentricidades típicas de reyezuelos.
El Congreso de la República aprobó ayer, jueves, en su sesión plenaria, el proyecto legislativo que propone incrementar penas a los delitos de difamación y calumnia realizados a través de los medios de comunicación.
El dictamen fue aprobado sin debate, en primera votación, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. La segunda votación se realizará dentro de 7 días calendario.
Dicho dispositivo, según señala, tiene como objetivo el incremento de sanciones «por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva».
La iniciativa legislativa fue presentada el 19 de agosto del año pasado por el parlamentario Segundo Montalvo, de Perú Libre, y fue aprobada por mayoría en la Comisión de Justicia del Congreso, el último 12 de abril.
La sustentación en el Pleno estuvo a cargo del congresista Américo Gonza, del partido del lápiz, en su condición de presidente de la mentada comisión legislativa.
En su exposición, alegó que el planteamiento es aumentar las penas por los referidos delitos y que tenga como resultado un pago por el perjuicio de los derechos fundamentales de la persona.
“Se busca que se repare de manera integral cuando es mancillado el honor de una persona, pues el daño a veces es irreparable», indicó.
«El Estado ha hecho innumerables esfuerzos para implementar estrategias y mecanismos encaminados a la protección de los derechos fundamentales del individuo, pero no han sido suficientes a lo largo de los años”, agregó.
Cabe resaltar que el proyecto establece modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad «no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa» por el delito de difamación, además de «reparación civil en favor del querellante».
También modifica el Código Civil para establecer indemnizaciones obligatorias para aquel que «atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor».
Asociación de Periodistas del Perú (ANP) en contra de proyecto
Al respecto, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, señaló que estas iniciativas parlamentarias buscan coactar a la prensa y que, el proyecto referido a la difamación, busca amedrentar a los y las periodistas.
Desde la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), hemos calificado el proyecto de ley (…) como desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión, porque lo que se pretende es justamente convertir en cárcel efectiva lo que podría resultar una sentencia por el tema de difamación», sostuvo.
En ese sentido, consideró que una denuncia por difamación es, en realidad, una excusa para detener investigaciones periodísticas.
«Nosotros, desde la ANP, hemos señalado que esta es una estrategia que muchas autoridades o personas que ejercen la función pública, lamentablemente, utilizan para amedrentar o para querer desvirtuar investigaciones que revelan los periodistas», subrayó.