Política
Silencio millonario: ONG IDL bajo la lupa por uso de fondos internacionales
Durante años, diversas ONG han manejado millonarios fondos internacionales sin una fiscalización efectiva. En el caso del IDL, la paradoja es evidente: una organización que exige transparencia al Estado ahora deberá rendir cuentas sobre el uso poco claro de sus propios recursos.
Pese a su constante exigencia de transparencia en el sector público, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) parecen menos dispuestas a aplicar esos mismos estándares a sus propias finanzas. Tal es el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL), que actualmente enfrenta un proceso administrativo sancionador por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La noticia se conoció tras un requerimiento formal del Congreso de la República, que buscaba esclarecer el manejo de los cuantiosos fondos que las ONG como el IDL reciben del extranjero.
Mediante el Oficio N.º 0037-2025-APCI/OAJ, la APCI confirmó que la investigación sigue en curso como parte de un esfuerzo institucional para reforzar el control sobre los recursos no reembolsables que canalizan estas entidades. La falta de rendición de cuentas ha sido una constante en el debate público, pero sorprendentemente, muchas de estas ONG —incluido el IDL— han optado por guardar silencio frente a los cuestionamientos.
La solicitud fue presentada por el congresista Alejandro Aguinaga en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En ella también se discutieron los avances en la implementación de la Ley N.º 32301, que amplía las facultades de supervisión de la APCI. Según la entidad, ya se culminó la elaboración del reglamento respectivo, junto con un nuevo esquema de infracciones y sanciones, así como el rediseño de su estructura interna.
En teoría, estas reformas buscan cerrar décadas de permisividad. Durante años, las ONG han recibido importantes sumas de dinero internacional sin que exista un seguimiento claro de su uso. En el caso del IDL, la ironía es doble: una organización dedicada a fiscalizar al Estado ahora deberá explicar el uso de fondos millonarios que ella misma recibió sin mayor control público.
La creación de una Intendencia de Inteligencia Financiera dentro del plan estratégico de la UIF refuerza este viraje institucional. Lo que antes se consideraba terreno intocable, hoy entra en una etapa de escrutinio legítimo. El silencio de las ONG, en medio de este proceso, ya no puede interpretarse como prudencia, sino como resistencia a la rendición de cuentas.
El IDL y otras entidades similares tendrán que adaptarse a una nueva realidad: la fiscalización no es solo una herramienta para el Estado, también debe ser una exigencia interna en quienes dicen defender el interés público.