¿Silenciar a los que saben demasiado?

¿Qué está pasando en el Perú? ¿Nos hemos acostumbrado, como sociedad, a ver morir a quienes tienen información clave sin exigir justicia con la firmeza que corresponde? ¿Es esto una nueva modalidad de silenciar a las voces incómodas? Las recientes muertes de Andrea Vidal, Nilo Burga y José Miguel Castro no solo han estremecido al país, sino que también nos obligan a preguntarnos con crudeza si estamos frente a un patrón de impunidad sistemática.

El 10 de diciembre de 2024, la abogada Andrea Vidal Gómez de 27 años, fue acribillada en La Victoria. Más de 40 balazos impactaron contra el vehículo donde viajaba. El taxista murió al instante; ella, tras seis días de agonía, falleció en el hospital.

Sin duda, no fue una víctima colateral porque la precisión de los disparos, varios en la cabeza, indica que era el verdadero objetivo. Vidal Gómez no era una chica cualquiera; era exasesora del Congreso de la República y conocía a fondo los engranajes de una presunta ‘red de prostitución’ que presuntamente operaba al interior del Parlamento, dirigida —según sus propias denuncias— por un operador político de Alianza para el Progreso (APP), el inefable Jorge Torres Saravia. Sin embargo, hoy ya casi no se habla de este lamentable episodio.

Su muerte no solo apagó una vida; también sepultó información valiosa sobre un caso que tocaba las fibras más podridas del poder. Hoy, las hipótesis van desde un crimen por encargo, hasta un intento burdo de encubrirlo con la narrativa de un crimen pasional. ¿Hasta cuándo se permitirá que hechos de esta naturaleza queden sin responsables?

A los pocos días, el 25 de diciembre del 2024 en un hospedaje del distrito de Magdalena del Mar, fue hallado sin vida Nilo Burga Malca, presidente de la empresa Frigoinca, clave en la investigación sobre el caso ‘Qali Warma’, donde se descubrió la distribución de alimentos malogrados a niños escolares. Burga Malca tenía mucho qué contar; demasiado, quizás.

Lo encontraron con heridas profundas de arma blanca en el cuello, pecho y abdomen. Según el peritaje, era prácticamente imposible que él mismo se haya causado tales lesiones. Las manchas de sangre y la posición del cuerpo evidenciaban que fue movido. ¿Alguien intentó simular un suicidio? La respuesta parece obvia: sí. Y, sin embargo, nadie ha sido procesado.

Una excolaboradora lo dijo claramente: «Yo creo que a él lo mataron». ¿Por qué? Porque sabía demasiado. Porque podía exponer la cadena de responsabilidades detrás del negocio sucio que compromete a funcionarios públicos del Midis y proveedores del Estado. Su muerte —como la de Andrea Vidal— tuvo el mismo patrón: alto perfil, información delicada y una escena sospechosa.

Más reciente aún, el domingo 29 de junio de 2025, el país amaneció sorprendido con la noticia de la muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso Lava Jato. Él estaba bajo arresto domiciliario en Miraflores y lo encontraron muerto con un corte en el cuello de 14 centímetros, con un cuchillo plateado cerca y señales claras de manipulación del entorno. Aunque no había reportado amenazas, sí mostró preocupación en su última visita al Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez lo confirmó: “Castro temía por lo que sabía”.

Su testimonio era clave para el juicio oral contra su ‘intima’ Villarán de la Puente, previsto para septiembre. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Castro Gutiérrez había entregado pruebas valiosas sobre los millones de dólares que Odebrecht y OAS entregaron a la campaña política de la exalcaldesa, a cambio de concesiones. Su muerte representa no solo una pérdida humana, sino un daño gravísimo al proceso judicial más importante del país.

Tres personas claves. Tres muertes en menos de un año. Tres historias que apuntan a una misma dirección: el silenciamiento. No es paranoia, ni teoría conspirativa. Es la realidad que, con pruebas y documentos en mano, ha ido construyendo una narrativa inquietante: “en el Perú, saber demasiado puede costarte la vida”.

¿Existe en el Perú una nueva modalidad de encubrimiento extremo? ¿Estamos ante una estrategia sistemática para callar a los que pueden revelar nombres, vínculos y tramas enteras de corrupción? Los casos de Andrea Vidal, Nilo Burga y José Miguel Castro no son hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas mayor. Uno donde el crimen organizado, los tentáculos del poder político y el desgastado aparato judicial conviven, se protegen y se fortalecen en la impunidad.

Aquí no se busca acusar sin pruebas, ni promover el sensacionalismo. Pero sí se exige, desde un mínimo de decencia ciudadana, que se actúe con contundencia. Las autoridades —el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional— tienen la responsabilidad histórica de llegar al fondo. No se puede permitir que estos casos terminen archivados. No más “carpetazos”, no más extrañas muertes sin justicia.

La ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil, debemos mantener la presión. Porque si dejamos que estas muertes pasen como una estadística más, habremos perdido algo más que vidas: habremos perdido el derecho a la verdad.

¿Qué está pasando en el Perú? Está pasando que matar a los incómodos parece más rentable que enfrentar las consecuencias. Está pasando que el silencio de un testigo vale más que su palabra ante un fiscal. Y está pasando que la impunidad, mientras no se le ponga freno, seguirá devorando la democracia.

Ya no se trata solo de justicia. Se trata de dignidad. Por Andrea Vidal, por Nilo Burga, por José Miguel Castro y por cada persona que ha sido callada para proteger a los intocables. Exhortamos a las autoridades a dejar la indiferencia, a comprometerse verdaderamente con la verdad y con el país. Porque ningún sistema democrático puede sostenerse sobre cadáveres incómodos.