Por Rafael Romero
El Ministerio de Defensa tiene aspectos propios y directamente involucrados en materia de defensa y seguridad nacional, de acuerdo a la Constitución y su ley orgánica, sin embargo, dentro de su estructura y organigrama también tiene direcciones y jefaturas que supervisan las instituciones educativas, liceos o colegios donde los hijos del personal militar y administrativo del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea estudian en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
No obstante, el clima institucional se deteriora en algunas Instituciones Educativas del glorioso Ejército del Perú, debido a la falta de compromiso, identificación y respeto por el buen clima laboral de tres o cuatro funcionarias cuestionadas que después de haber estado en la dirección de algunos colegios de inicial o primaria, sencillamente tras ser jaladas en las evaluaciones meritocráticas armaron berrinches “para no volver más a las aulas”.
Incluso en los concursos o evaluaciones esas personas han sido jaladas o no han tenido buen puntaje, pero ellas se las ingenian para condicionar u obligar a sus jefes y superiores con el objetivo de que ellos las mantengan inclusive en altos opuestos de supervisión, como si fueran “especialistas” o “asesoras”; y todo eso existe por el simple hecho de que no quieren regresar a los salones a dictar clases.
Urge, por tanto, al más alto nivel, desde el despacho ministerial, tomar conocimiento de esta situación caprichosa o anómala que reciente y atenta contra el buen servicio y la calidad educativa que se debe bridar a los niños en edad escolar del personal del histórico y emblemático Ejército del Perú.
Hay abundante evidencia de que tres o cuatro docentes que llegaron al cargo de directoras y que tras haber estado algunos años en dirección, ahora que no aprobaron las evaluaciones hacen lo indecible para no regresar a sus aulas o para incordiar con colegas. Sin embargo, también habrían quebrantado una serie de normas y requisitos con el objetivo de tener mejores puestos y sueldos, por encima del docente de aula, pese a que sus evaluaciones no las facultaban para ser supervisoras, asesoras ni especialistas.
La pregunta es, señor ministro y señores del gabinete de asesores del despacho ministerial, ¿pueden ser “especialistas” aquellas personas que ha sido desaprobadas en las evaluaciones pedagógicas y profesionales? ¿Están en el puesto de “asesoras” personas que no reúnen los requisitos de idoneidad y sólo con el único objetivo de no regresar a las aulas?
La JAE, que es la Jefatura de Apoyo Educativo, que pertenece al COBIENE (Comando de Bienestar del Ejército), ¿tiene conocimiento de que hay docentes trabajando irregularmente durante años, a las que se suman otras dos funcionarias desde este año 2024, que desaprobadas incluso las evaluaciones como para ser hoy “asesoras”?
O al revés, si el Ejército tiene a sus verdaderas especialistas nombradas bajo el amparo del Decreto Legislativo 276, entonces ¿por qué no están en el lugar que les corresponde y si están las exdirectoras que no quieren volver a las aulas? Es decir, al personal idóneo se le mantiene en aula solo por el hecho irregular de dejar el campo libre a unas cuantas exdirectoras con el falaz encargo de “especialistas” o “asesoras”, y solo para favorecerlas ante el escándalo que hicieron para no regresar a dictar clases.
Ese personal aprovechado o favorecido postuló tres o más veces a cargos directivos, pero fue jalado, pero de un tiempo a esta parte no quieren ir a aula. Es decir, están en oficinas administrativas, cuando su perfil es para estar en las aulas, o viceversa, violándose las normas, por lo que se necesita un reordenamiento funcional impostergable, pues, reiteramos, ¿no deberían estar en el cargo de “especialistas” de educación aquellas personas que sí lo son y que el Ejército los tiene porque han sido nombradas con el Decreto Legislativo 276? O sea, ¿las funciones andan al revés en algunos colegios del Ejército?
Por tanto, es menester una profunda investigación que arrastre por lo menos a los últimos cuatro años (2020 al 2024) frente a esta clase de ilegalidades porque de no hacerlo se estaría incurriendo en negligencia funcional o en supuestos delitos de omisión de funciones, falsedad genérica, ocultamiento de información, encubrimiento y omisión de denuncia. ¿Quién le pone el cascabel al gato para que todo marche bien dentro de las instituciones educativas del Ejército de nuestro héroe Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, entre otros prohombres del patriotismo ejemplar?
