Seis congresistas denuncian constitucionalmente al fiscal de la Nación Juan Carlos Villena

Atacan antes de sentirse acorralados por la justicia. Los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú), e Ilich López (no agrupado) presentaron este martes una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Los legisladores también solicitan su inhabilitación de la función pública por 10 años, por presuntamente haber infringido 7 artículos de la Carta Magna.

Según refiere el documento, la denuncia constitucional tiene su origen en que la fiscal suprema Delia Espinoza dispuso incorporar a las investigaciones que sigue contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a los congresistas Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, German Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Ilich López, César Revilla, Jorge Flores Ancachi, y Alejandro Soto Reyes.

En ese sentido, indican que la disposición de Espinoza Valenzuela es la de un «funcionario de segundo nivel, por debajo del Fiscal de la Nación», pese a que «el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso».

Por ello, consideran que la decisión de Villena de delegar la investigación a la fiscal Espinoza «vulnera el principio de legalidad, en la medida en que constituye el ejercicio de una atribución no conferida por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público o la Ley N° 27399.

«En este contexto, se observa una manifiesta transgresión al debido proceso por parte del actual Fiscal de la Nación, delegando facultades a un fiscal supremo para asumir, de manera indebida, investigaciones preliminares a Congresistas de la República, basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público, a pesar de no tener la competencia legal para llevar a cabo tales investigaciones en el procedimiento de acusación constitucional por presunta comisión de delitos de función atribuidos a los funcionarios del Estado», indica el texto.

Por todo ello, los denunciantes consideran que el fiscal de la Nación interino habría vulnerado la Constitución y «simultáneamente, ha agraviado las garantías institucionales que rodean a la función parlamentaria».