Mientras los uruguayos se preparan para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, los indicadores de crimen aumentan. La semana pasada en Cerro Norte un bebé fue muerto “por error” cuando criminales intentaron matar a una mujer, madre del infante muerto. La mujer indicó de la presencia de motociclistas rondando el hospital en que se encuentra internada.
El tema de seguridad se ha convertido en un tema central en estas elecciones, y los candidatos se han movido hacia el centro, incluido el Frente Amplio de izquierda que endurecido sus políticas de seguridad. El debate de seguridad es en torno a si la prevención y supresión del crimen son las mejores formas de combatir el crimen organizado.
No obstante Uruguay cuenta con una economía fuerte e inflación baja, la seguridad es una preocupación importante impulsada por la creciente violencia, esto motivado en parte por el rol del país en el tráfico transnacional de cocaína.
El puerto de Montevideo se ha convertido en un punto clave del tránsito de cocaína. Los grupos criminales ya no solo envían cocaína a través de contenedores, también vienen almacenando droga en territorio uruguayo, aumentando las preocupaciones sobre el papel del país en el tráfico transnacional de drogas, que de puerto se está convirtiendo en un hub y almacén de la droga de Sudamérica.
Por otro lado, el hacinamiento en las cárceles y las condiciones al interior de estos ha empeorado, lo cual genera preocupaciones ante probable crecimiento de bandas carcelarias. Al mismo tiempo, las instituciones anti-lavado están mal financiadas y hace falta un personal adecuado.
Si bien los robos domésticos han disminuido, los robos violentos se han incrementado desde 2018 y son la principal amenaza junto con la violencia relacionada con drogas. Resalta la brecha entre la estabilidad económica y los problemas de seguridad. En Cerro Norte el cuerpo de salud del hospital informa del ingreso de tres heridos de bala al día. La situación es comparable en un menor grado a lo que ocurre en Puente Alto en el área metropolitana de Santiago de Chile dónde la situación a escalado en muertes por sicariato o incluso asesinato por golpes con armas contundentes, como ocurrió en julio último en que nueve hombres mataron de golpes y cuchilladas a una persona. En Lima la semana pasada un sicario mató a un profesor en un colegio en Ate Vitarte. Como se ve el problema de seguridad es de proporciones continentales. En unos en un grado mayor que otros, pero todos están entrando a una misma espiral que no hace más que empeorar.
El caso uruguayo es interesante si partimos de un sutil cambio en sus políticas narcóticas. Si bien su política de drogas ha sido el de una política progresiva al ser el primer país en legalizar completamente la marihuana, sin embargo, en estas elecciones, los candidatos han promovido medidas antinarcóticos más severas, concentrándose más en medidas policiales y de penalización.
Tanto los candidatos de derecha, centro e izquierda que lideran las encuestas, sean el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, los tres presidenciables coinciden en proponer ampliar las políticas actuales en temas de seguridad.
Para el candidato Álvaro Delgado –Partido Nacional-, su plan tiene previsto reforzar la Guardia Republicana, la fuerza especial de seguridad interior de Uruguay, y mejorar la formación y el equipamiento de la policía. Pero no solo eso, se preocupa también por el cuerpo de policía en tanto seres humanos. La salud mental dentro de las fuerzas policiales es una prioridad para cada candidato, con iniciativas propuestas para hacer frente a las elevadas tasas de suicidio, junto con programas de alojamiento, revisiones médicas y mejoras en los servicios de salud mental para los agentes.
La policía comunitaria es otro de los puntos centrales de la campaña de Delgado, quien pretende reestructurarla, mientras Ojeda del Partido Colorado busca fortalecer la policía comunitaria orientada a la solución de problemas, y Orsi del Frente Amplio quiere mayor presencia policial a través de soluciones basadas en la “participación comunitaria”.
Más presupuesto, más tecnología, más policía, más cárcel y más penas
La principal propuesta de Delgado es la creación de un Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, inspirado en la estrategia antimafia multiagencia italiana. Apoya la polémica aprobación de los allanamientos nocturnos, que se decidirá en referéndum el día de las elecciones. Los que defienden el allanamiento sostienen que las operaciones nocturnas son una herramienta importante para sorprender a los delincuentes. Delgado también quiere aumentar las penas por delitos como los homicidios relacionados con bandas y el tráfico de drogas. También promete reformar el sistema penitenciario prometiendo un “aumento significativo del presupuesto”, la creación de un nuevo ministerio y una mejor coordinación entre las agencias estatales. Sobre el combate a los delitos financieros, aboga por fusionar la Secretaría Nacional de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), además de emplear agentes financieros encubiertos. Este punto es clave pues tener un mayor control sobre la ruta del dinero ayudaría a reducir el financiamiento de las organizaciones criminales y a disminuir su operatividad.
Su estrategia de seguridad también se enfoca en extender el refuerzo de las defensas fronterizas y portuarias, así como la mejora de la cooperación policial internacional.
Cárceles más pequeñas y manejables
Por su parte el candidato Andrés Ojeda – Partido Colorado- se centra en gran medida en la prevención de la delincuencia y el refuerzo de la acción policial. Ojeda saltó a la fama por su trabajo en casos notorios y como representante legal del sindicato policial. Su carrera política incluye haber sido concejal en Montevideo por el Partido Colorado entre 2010 y 2015, y haber asesorado a otros políticos en materia de seguridad.
En cuanto a su programa hace hincapié en la prevención, proponiendo lazos comunitarios a través de comités de seguridad y convivencia, potenciando la seguridad escolar con tecnología y policía comunitaria, integrando la prevención del delito incluso en los planes de estudio, realizando también encuestas de victimización y estableciendo centros de rehabilitación y programas especiales para niños y adolescentes afectados por la delincuencia. Es decir, más gasto del presupuesto.
La derecha uruguaya comprende que si no se atacan las causas más profundas del delito no hay forma de detenerlos, aunque ello involucre más gasto. Estas derechas vienen reflexionando sobre el cambio hacia estrategias preventivas, incluso en las políticas de línea más dura.
En la batalla contra el crimen organizado, Ojeda ha prometido desarrollar una Auditoría de Seguridad Nacional con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), identificando vulnerabilidades y creando una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado. Lo cual resulta considerar que en el tema de seguridad su propuesta es de reconocer un fracaso en la soberanía de la política de seguridad. Al igual que Delgado, Ojeda apoya los allanamientos nocturnos como parte de su plan.
Sobre el lavado de activos, Ojeda aboga por descentralizar el Senaclaft y crear la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos dentro de la División de Investigaciones de la Policía Nacional. También busca fortalecer los lazos con Interpol y la Administración para el Control de Drogas, DEA.
Su plan de reforma penitenciaria incluye el traslado gradual de los reclusos a un mayor número de centros más pequeños y manejables. Esto para un mayor control de los reclusos que evite puedan operar en remoto con el exterior. También pretende aumentar significativamente los recursos humanos del sistema penitenciario, garantizar la asistencia sanitaria universal y desarrollar alternativas al encarcelamiento. Otra vez más gasto fiscal.
Ahora bien, el Partido Colorado está dividido entre enfoques opuestos sobre la delincuencia. Dentro del equipo de Ojeda han surgido tensiones, pues la postura dura y punitiva defendida por el ex fiscal Gustavo Zubía choca con la estrategia más orientada a la prevención propuesta por el criminólogo Diego Sanjurjo, especialista en políticas de seguridad que trabaja en el Ministerio del Interior. El regreso del exsenador Pedro Bordaberry, aportando su propia visión, ha profundizado estas divisiones, provocando fisuras no solo dentro del propio partido, sino también en la coalición. Lo cual hace está candidatura peligrosamente volátil a pocos días de las elecciones.
Más cámaras con reconocimiento facial
Yamandú Orsi es el candidato del Frente Amplio. Su plataforma se basa en tres ejes: estabilidad – crecimiento económico, protección social y mayor seguridad. El Frente Amplio atribuye el aumento de la delincuencia a la desigualdad social y a los fallos económicos sistémicos, sin embargo, en el último gobierno del Frente Amplio ya se venía desarrollando una subida del crimen que se ha acentuado con el actual gobierno.
El centrado en el desarrollo para combatir el crimen organizado resultó ya en el pasado ineficaz. Si bien Uruguay ha tenido, durante los gobiernos de izquierda, una mejora generalizada de los indicadores sociales y económicos, también tuvo un aumento muy expresivo en la violencia y de la criminalidad.
Más allá del desarrollo social, Orsi promete reforzar la presencia del Estado e invertir fuertemente en recursos de lucha contra el crimen organizado. Esto incluye aumentar la vigilancia con más cámaras, utilizar el reconocimiento facial y desplegar fuerzas del Ministerio del Interior por todo el país.
Esto refleja un giro del Frente Amplio hacia posturas más duras frente a la delincuencia, Orsi propone nuevas instituciones para investigar el crimen organizado, el narcotráfico, la seguridad fronteriza y los casos complejos. Es decir, más gasto del presupuesto. Al igual que sus rivales, busca fortalecer las investigaciones sobre lavado de dinero, pero añade a esto un enfoque en la transparencia de las donaciones políticas, que podrían revelar corrupción o influencia criminal, así como también un arma política de aquí a futuros rivales políticos.
Mientras tanto todos los indicadores de seguridad han caído a mínimos históricos no vistos en quince años, la situación de Uruguay aunque no es comparable a la de Perú y Chile, sin embargo va por buen camino al desastre.
