De nada valieron las protestas y las muertes, más allá si realmente tenían un propósito o no, el cansancio de la gente de ver a sus máximos representantes confabular y buscar solamente el bien personal es moneda corriente desde hace muchos años; eso lentamente ha ido agotando la paciencia de las personas que no ven cambios que muestren resultados. Sean de pensamiento de izquierda o de derecha, el Perú ha sido tomado, nuevamente, por las manos equivocadas y estaría siendo orquestado en pared por el Ejecutivo y el Legislativo que se aferran por mantenerse en el poder.
Dina Boluarte participó de una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en el que confirmó que no seguirá impulsando el proyecto de adelanto de elecciones, pedido que fue repetido por un sector de la ciudadanía en las protestas en contra del gobierno de turno. “El tema está cerrado”, dijo la jefa de Estado asegurando cederá el poder el 28 de julio de 2026 cuando culmine el periodo constitucional por el que fue elegida junto a Pedro Castillo.
“La prensa en general sabe que el tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio del 2026″, dijo Dina Boluarte tras culminar la sesión del Consejo de Ministros. Su postura difiere de la mostrada a semanas de asumir el cargo cuando señaló que era una presidenta de transición en medio de una crisis política.
El Poder Ejecutivo ha sido autor de al menos dos proyectos de ley para propiciar un adelanto de elecciones en el que la ciudadanía elegiría una nueva fórmula presidencial, nuevos congresistas y nuevos representantes ante el Parlamento Andino. Sin embargo, la incapacidad del Congreso para consolidar acuerdos postergó por semanas la aprobación de alguna de las propuestas.
Dina Boluarte, a seis meses de la toma de poder
Dina Boluarte juramentó como presidenta del Perú la tarde del 7 de diciembre del 2022, horas después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. El respaldo de las Fuerzas Armadas y la vacancia aprobada por el Congreso de la República permitió que se concretara la sucesión presidencial. Desde entonces se iniciaron una serie de manifestaciones en contra del nuevo gobierno que, además, pedían el retorno de Castillo.
Ciudades como Cusco, Arequipa, Junín, Puno, Juliaca y Huamanga fueron escenarios de protestas. Con el paso de los días, empezaron a registrarse las primeras víctimas de la represión policial y militar. Al cierre de esta nota, la Defensoría del Pueblo confirmaba que fueron 70 los ciudadanos que perdieron la vida entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas.
Organismos internacionales han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirieron a presuntas masacres en diversas ciudades mientras que Amnistía Internacional indicó presuntas ejecuciones extrajudiciales. Desde el gobierno se ha pretendido negar dichos señalamientos y aseguró que espera la versión del Ministerio Público.