Antes de que toquen suelo peruano los cuestionamientos hacia la misión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) ya comenzaron al no agendar una reunión con la principal denunciante contra el mandatario como lo es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto no ha sido bien visto por la oposición pues consideran una irregular atención para ambas partes, tanto los detractores como los que apoyan al jede de Estado.
Esto luego de que se confirmara que la misión de “alto nivel” de la OEA llegará a nuestro país este 20 de noviembre, y un día después se reunirá con el presidente Pedro Castillo.
En su agenda provisional, la OEA detalló que, el mismo lunes 21 de noviembre, las autoridades de su grupo de alto nivel se reunirán a dialogar con el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País) desde las 10:00 a.m. en las instalaciones del Palacio Legislativo.
Asimismo, en su segundo día en el país conversarán con los voceros de las diversas bancadas parlamentarias y, posteriormente, con la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios.
La última reunión que mantendrán el 21 será con representantes políticos y de la sociedad civil. El diálogo con este grupo se extenderá hasta el martes 22 de noviembre, siendo esta su última junta, de acuerdo a su cronograma.
Finalmente, el miércoles 23 de noviembre, tras analizar la situación por la que atraviesa el país, la misión de la OEA acudirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para salir del país.
Cabe resaltar que, dentro de esta agenda, la Organización de los Estados Americanos no ha contemplado reunirse con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, quien investiga al jefe de Estado y a su entorno por la presunta comisión de diversos delitos de corrupción.
El objetivo de esta comisión, formada por autoridades y cancilleres de diferentes estados, es el de analizar la situación del Perú, en seguimiento a la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú”.
La visita se da luego del pedido del Gobierno de Pedro Castillo para que se active la Carta Democrática Interamericana y así, según sus artículos 17 y 18, la OEA envíe un grupo al país para supervisar el estado de las instituciones e informe ante el Consejo Permanente para que luego se proceda a tomar decisiones en atención a sus necesidades.