Por Edwin A. Vegas Gallo
Tres hitos históricos marca la extracción petrolera en la provincia de Talara. El primero, desde principios del siglo pasado con presencia de empresas americanas. El segundo, con la empresa estatal desde Velasco y el tercero, con treinta años de privatización fujimorista, en un caso digno de ripley, vendiendo el petróleo peruano a su mismo dueño el Estado peruano, en absurda figura jurídica sólo vista aquí en el Perú.
En esos tres hitos, la provincia de Talara ha pasado, por tres diferentes niveles de desarrollo humano, medido en términos de ampliación de oportunidades en salud, educación y bienestar económico; pasando desde un nivel de desarrollo humano alto a medio y bajo sucesivamente.
El común denominador en más de 100 años de sacar petróleo, de las entrañas de la tierra y del mar de Talara, son la cantidad multiplicada en esos tres hitos de los pasivos ambientales, que tanto la empresa privada como la estatal han dejado para la generación actual y que pasará factura a los pobladores dentro de 3 a 5 generaciones (120 años).
En sí, sacar petróleo no es malo, si hubieran organismos fiscalizadores como Osinergmin y OEFA que dimensionen el real daño ambiental a la salud de los ecosistemas incluyendo el humano.
Además de ello, la actuación de Perupetro, con su presidenta Isabel Tafur Marín, deja mucho que desear en la filosofía del desarrollo sostenible cuando señala “la empresa como sujeto calificado es aquella que reúne las condiciones técnica, económica y legal”; obviando de manera flagrante la sostenibilidad ambiental, más pensando en divisas para hoy y hambre para las futuras generaciones.
(1) Presidente del Instituto Internacional de Derecho Ambiental y Ecología Política
