Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.