Por Tino Santander Joo
El ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho es un egocéntrico; alucina que la minería gira en torno a sus “éxitos y fracasos” como lo señala en una complaciente entrevista del diario “El Comercio”[1]. Mucho, representa a la minería de enclave, aislada del entorno social y económico que cumple con pagar sus impuestos. Lo demás no le interesa. Para ellos el Perú, es una oportunidad de hacer un hueco o tener un socavón que los haga ricos.
Mucho, no sabe que la minería peruana es producto del viejo pacto virreinal entre los curacas andinos y los ambiciosos encomenderos españoles. Ambos ansiaban hacerse ricos. Los curacas querían acumular riquezas y restaurar los viejos reinos y señoríos preincas y los encomenderos buscaban títulos nobiliarios y “evangelizar a los indios”. Ese viejo pacto colonial funcionó hasta la independencia.
El ministro, pretende ordenar la minería al viejo estilo fujimorista; cree que con floro campechano, con las viejas consignas de que “somos un país minero”, con promesas de empleo masivo, y algunas obras de infraestructura van a seducir a millones de peruanos que ven a la minería como enemigos. No se da cuenta que las empresas mineras son repudiadas al igual que los políticos, porque, las comunidades, los pueblos perciben que siempre los engañan y que corrompen a sus dirigentes.
El gobierno miente. No van a hacer nada. No van a renegociar el contrato de Camisea; empresa que estafó al Perú, reexportando el Gas del lote 56 a otros destinos. El CIADI ordenó pagar a Camisea aproximadamente 65 millones de dólares por esta felonía. Nos preguntamos cuantas veces habrán hecho lo mismo. Sin embargo, Camisea, es fundamental para el desarrollo nacional y renegociar el contrato es imprescindible, sin afectar la inversión en exploración como lo hicieron torpemente los bolivianos.
El sur necesita gas para invertir en una planta metalúrgica que transforme toda la minería del sur andino y exportar valor agregado. Es imprescindible la planta de fraccionamiento de GLP en kepashiato -La Convención-, que provea de gas doméstico a la macro región sur. El gobierno y el ministro tienen que explicarnos que va a pasar con el litio en Puno. ¿Lo vamos a regalar? como hacemos con el gas y el contrato leonino que firmaron los ministros de Acción Popular en el gobierno de Paniagua.
Rómulo Mucho, es el ministro de las grandes empresas mineras que ve en el minero artesanal a un ilegal, a un posible narcotraficante. No entiende que la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, el contrabando, el lavado de activos sean convertido en actividades familiares de subsistencia y que inyecta a la economía nacional aproximadamente setenta mil millones de dólares según cálculos conservadores de los economistas e investigadores del tema. No sabe que ese dinero es captado por el sistema financiero y el oligopolio bancario. Solo la revolución social podrá acabar con esta dramática situación.
El ministro tiene el halago de los escribas a sueldo de las grandes empresas mineras, de los válidos de un modelo de explotación de los recursos naturales que esta en decadencia y que impide la inversión minera. No habrá minería, si no hay un pacto político que acuerde que la minería financie toda la infraestructura agraria y educativa del Perú; sin el viejo pacto virreinal entre curacas y encomenderos nada funcionará.
Este pacto no lo pueden hacer los podridos de la clase política que medran y no ven, ni escuchan el clamor de millones de peruanos. Solo las organizaciones sociales serias, los colegios profesionales y los nuevos radicales que no gritan consignas vacías, ni se quejan como los de la CONFIEP, sino, los que trabajamos y estudiamos todos los días disciplinadamente estamos en la obligación de salvar al Perú. Lo demás son promesas y las mentiras de los podridos.
[1] Ver “El Comercio” del 25/02/2024. Págs. 10,11
