Por: Jorge Paredes Terry
En Trujillo, ingenieros de la municipalidad provincial identificaron fallas estructurales críticas en el techo del patio de comidas de Real Plaza, de propiedad de INTERCORP, el conglomerado de Carlos Rodríguez Pastor y Fernando Zavala. Las advertencias fueron claras, pero en lugar de corregir los errores, seis abogados de los empresarios amenazaron a los funcionarios. El resultado fue un colapso que cobró la vida de seis personas y dejó a más de ochenta heridas. Esto no es solo negligencia: es homicidio culposo. Sin embargo, tras la tragedia, INTERCORP ofreció 20 millones de soles para «cubrir deudas y responsabilidades penales», una cifra que, lejos de ser justicia, parece un intento de comprar silencio. Lo que mas indigna es la aparente facilidad con la que el caso ha sido silenciado. ¿Cómo es posible que, tras una de las tragedias más dolorosas del país, los responsables no enfrenten consecuencias .
Los medios, antes vociferantes, bajaron el tono. Opinólogos cambiaron de tema. El gobierno central y regional evadieron su deber. Hasta los fiscales, cuyo rol es perseguir la verdad, mitigaron su rigor. ¿Quién pagó por este mutis? La respuesta salta a la vista: el poder económico de dos magnates, cuyos millones ahogaron las demandas de justicia. Mientras las familias lloran, Rodríguez Pastor y Zavala, lejos de las rejas, siguen en sus palacios de cristal, ñatos de la risa, burlándose de un sistema que los protege.
En otros países, la negligencia de poderosos no queda impune.
Por ejemplo:
- El caso de British Petroleum y el derrame de petróleo en el Golfo de México (2010): La negligencia de la empresa resultó en una de las mayores catástrofes ambientales de la historia. BP enfrentó multas multimillonarias y varios ejecutivos fueron procesados penalmente.
- El escándalo de las emisiones de Volkswagen (2015): La manipulación de datos de emisiones llevó a la empresa a pagar miles de millones en multas y a la condena de varios ejecutivos.
- El colapso del edificio Rana Plaza en Bangladesh (2013): Más de 1,100 trabajadores murieron debido a fallas estructurales ignoradas por los propietarios. Los responsables enfrentaron largas condenas de prisión.
- Reino Unido (Grenfell Tower, 2017): Tras el incendio que mató a 72 personas por materiales inflamables, empresas y reguladores enfrentan cargos de homicidio corporativo.
- Brasil (Brumadinho, 2019): El colapso de una represa de Vale mató a 270 personas. Ejecutivos fueron condenados a hasta 17 años de prisión.
- Corea del Sur (Ferry Sewol, 2014): El dueño de la naviera, vinculado a fallas de seguridad, recibió una sentencia de 7 años antes de morir. Hasta la ex presidenta Park Geun-hye fue destituida.
- EE.UU. (Crisis de Flint, 2014): Autoridades ocultaron la contaminación del agua con plomo. Funcionarios, incluido el gobernador, enfrentaron procesos por negligencia.
Estos casos demuestran que, aunque la justicia sea lenta, existe un límite para la impunidad.
Aquí, ni siquiera el dolor colectivo logra traspasar el escudo del dinero. Los 20 millones de INTERCORP son migajas frente al valor de las vidas perdidas. ¿Quién responde por el sufrimiento de las familias? ¿Acaso el sistema judicial peruano solo juzga a los pobres?
El mensaje es claro: en el Perú, la riqueza puede comprar silencio, pero no debe comprar dignidad. Exigimos que los fiscales actúen sin temor y que los responsables enfrenten la ley. Las víctimas merecen más que un cheque; merecen justicia. Que este dolor no sea en vano: transformemos la indignación en acción.
La justicia no puede ser un privilegio reservado para quienes tienen menos recursos. En un país donde la corrupción y la impunidad parecen ser moneda corriente, este caso debe ser un punto de inflexión. Las vidas perdidas no pueden ser olvidadas ni reducidas a un simple número en un balance financiero. Es hora de exigir justicia real, no solo para las víctimas de esta tragedia, sino para todos los ciudadanos que merecen vivir en un país donde de la vida humana tenga más valor que el dinero
Basta de impunidad!
