Opinión
Ricky Belmont debe renunciar a junta de acreedores y Fiscalía agilizar denuncias en su contra
Un caso emblemático de abuso, impunidad y demora judicial: la larga e inexplicable retención de RBC Televisión, la televisora fundada por Ricardo Belmont Cassinelli, refleja cómo el Estado peruano puede vulnerar incluso los derechos más elementales de sus ciudadanos.
Por Rafael Romero
Tarda injustificadamente la devolución y retorno a las manos del broadcaster y periodista Ricardo Belmont Cassinelli de la televisora que fundó, Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., allá por el año 1986, hecho valioso y extraordinario para la historia de la televisión peruana y que contó, en su edición inaugural, con la compañía de don Augusto Belmont Bar y otras distinguidas personalidades de la vida política, empresarial y social de la nación.
Hay denuncias penales en el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) contra los ciudadanos Ricardo Martín Belmont Vallarino y Phillip Butters Rivadeneyra, que en medio del contexto político de la anterior fiscal Patricia Benavides no caminaron al ritmo normal y esperado, por lo que hoy merecen la atención de las autoridades de esa entidad del sistema de justicia, así como de la Autoridad Nacional de Control (ANC), frente a la rémora de las carpetas fiscales y debe sancionarse a los responsables de esas curiosas tardanzas.
Es increíble que el despojo, el abuso y la prepotencia se enseñoreen en contra de los legítimos derechos de Ricardo Belmont papá (reconocidos con absoluto detalle por el Agente de Bolsa Cavalli), lo que demuestra que en el Perú puede pasar cualquier cosa con los ciudadanos, incluso si son adultos mayores, a quienes se les arrebata lo que les pertenece a vista y paciencia de las autoridades e incluso con absoluta impunidad.
Basta ver cómo actúa el INDECOPI, respecto del expediente de RBC Televisión en materia concursal, para evidenciar que la Constitución y la ley son letra muerta en el país, debido a las argollas burocráticas nada transparentes, y menos íntegras, las que anidan en la administración del Estado, tema que en su momento también tendrá que dilucidarse en la Fiscalía y el Poder Judicial, donde los funcionarios de esa entidad, con sede en el distrito de San Borja, tendrán que responder por sus acciones y omisiones.
No obstante, en el ámbito fiscal también existen denuncias y carpetas fiscales que irresponsables funcionarios del Ministerio Público vienen demorando su trámite, y hay que alertarle a la señora Fascal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, y al Doctor Juan Fernández Gerí, acerca de esas extrañas demoras para que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible.
Por otro lado, si todavía le queda al primogénito de RBC algo de dignidad familiar; un ápice de respeto bíblico al mandamiento -con promesa- de honrar a los padres; o de respeto por los mayores, esta es la hora en que debería de renunciar a la presidencia de la junta de acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., máxime cuando ha recibido sanción de multa por el desvío doloso de fondos y cuando bajo su gestión se ha generado un serio problema a la licencia de Radio Tigre ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (hoy Radio PBO bajo el inquilinato de Phillip Butters).