Hace tres días, una estudiante del CEBA Nuestra Señora de la Asunción de Chilca —a quien llamaremos Lucía (17 años) para proteger su identidad— fue víctima de agresión física, tocamientos indebidos e intento de secuestro al salir de sus clases nocturnas. A pesar de la denuncia realizada a través de la línea 100, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Mala-Cañete habría mostrado una actitud hostil negándose a realizar la visita domiciliaria a la menor, aduciendo erróneamente que «no es parte de su protocolo».
Según la información recibida por la familia de la víctima, el personal del CEM de Mala-Cañete a través de una llamada telefónica, habría catalogado el incidente como “un simple robo” y no como un caso de violencia contra la mujer, a pesar de que tanto en el atestado policial como en la denuncia a la línea 100, se especificó claramente la naturaleza de la agresión sufrida por la estudiante. Esta respuesta podría constituir una revictimización de la menor. Actitudes contrarias al protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer.
Señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hoy se cumplen tres días desde que se llamó a la línea 100 para dar a conocer el caso de una estudiante y no han realizado visita a la estudiante, solo han solicitado que ella y su madre deben acercarse al CEM-Mala. Es urgente que se investigue esta presunta negligencia y tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar la protección adecuada de la menor y evitar que situaciones similares se repitan con otras víctimas vulnerables.
El CEM ha ignorado la familia carece de recursos económicos para trasladarse desde Chilca hasta Mala.
Lo sucedido aquella noche del 31 de marzo es estremecedor. Cuando Lucía salía de clases pasadas las 10 de la noche, fue interceptada por dos sujetos que descendieron de un mototaxi sin placa e intentaron someterla violentamente para introducirla en el vehículo. Por fortuna, la estudiante logró escapar y encontrar ayuda en una zona iluminada, pero el trauma físico y psicológico persiste sin la debida atención de las instituciones responsables. Lo sucedido a escasas tres cuadras de la comisaría del distrito de Chilca.
Es importante señalar que, hasta el momento, ni el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio del Interior han realizado acciones concretas para garantizar la protección de la menor. Solo la Municipalidad Distrital de Chilca ha respondido a la emergencia, disponiendo personal de seguridad para resguardar la salida del CEBA.
Funcionarios omiten denuncia.
Este caso no es aislado. Muchos estudiantes de los Centros de Educación Básica Alternativa enfrentan situaciones similares de vulnerabilidad al salir de sus centros educativos en horarios nocturnos, mientras las instituciones llamadas a protegerlos muestran deficiencias operativas alarmantes. Las comisarías carecen de presupuesto para trasladar a las víctimas a exámenes médicos legistas, y los Centros de Emergencia Mujer no tienen la capacidad operativa para brindar atención inmediata a quienes más lo necesitan.
A esta problemática se suma la obsolescencia normativa que regula la educación a distancia en los CEBA. La Resolución de Secretaría General N° 613-2014-MINEDU, vigente desde hace más de una década, limita el acceso a la modalidad a distancia exclusivamente para estudiantes mayores de 18 años, obligando a menores como Lucía a exponerse a situaciones de riesgo.
No es posible que las instituciones del Estado manejen la seguridad y protección de nuestros estudiantes como si fuera un asunto de segundo orden. Lo que más sorprende es que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior sin que exista una respuesta contundente.
Ministro Morgan Quero, ministra de la Mujer, ¿cuántos casos como el de Lucía necesitan para actuar?