En el Perú, los sindicatos nacieron con la misión de defender derechos laborales y representar a los trabajadores frente al abuso. Sin embargo, algunas agrupaciones sindicales han evolucionado hacia formas de presión política que generan dudas sobre sus verdaderas motivaciones.
La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú impulsa actualmente un proyecto de ley que propone elevar del 5 % al 10 % el reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas eléctricas. La iniciativa busca igualar las condiciones del sector eléctrico con sectores como el pesquero y el de telecomunicaciones, donde ya se aplica ese porcentaje. No obstante, esta propuesta ha generado serias preocupaciones.
¿Un nuevo golpe al erario público?
El problema radica en que muchas de las empresas del sector eléctrico son estatales. Sus utilidades, en teoría, deberían destinarse a reinversión: mantenimiento de redes, expansión de cobertura, subsidios para zonas vulnerables y transición energética. Asignar una porción adicional de estas utilidades a un grupo reducido de trabajadores podría comprometer estos objetivos.
Diversos analistas alertan sobre el impacto potencial en tarifas eléctricas (un incremento estimado del 4%), la disminución de fondos para nuevas inversiones y el desincentivo a la eficiencia laboral, al modificarse el criterio de reparto privilegiando la asistencia sobre la productividad.
Y lo peor: todos pagaremos más en nuestras tarifas eléctricas
Una de las consecuencias más graves y menos difundidas de este proyecto de ley es que afectará directamente el bolsillo de los ciudadanos. Expertos y documentos técnicos alertan que el aumento del reparto de utilidades al 10 % generaría un alza de hasta 4 % en las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque al reducirse los fondos que las empresas usan para reinversión, modernización o subsidios, esos costos adicionales serán trasladados a los usuarios.
Esto significa que millones de peruanos, incluyendo pequeñas empresas, emprendedores, agricultores y familias vulnerables, pagarán más por la electricidad para financiar el beneficio exclusivo de menos de 7,000 trabajadores que ya se encuentran entre los mejor remunerados del aparato público.
Lobby sindical: ¿representación o captura?
Registros del Congreso muestran una constante presencia de dirigentes sindicales vinculados al gremio eléctrico visitando despachos parlamentarios. Aunque todo sindicato tiene el derecho de participar en el proceso legislativo, llama la atención la frecuencia y discrecionalidad de estas visitas en medio del debate de un proyecto que podría beneficiar directamente a sus representados.
La transparencia en este proceso es fundamental. La ausencia de opiniones técnicas de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas y el MEF, así como la falta de un análisis riguroso de impacto, debilita el sustento de la propuesta.
Hora de actuar con responsabilidad
El Congreso tiene una responsabilidad frente al país. Debe evaluar no solo los derechos laborales legítimos, sino también las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones. La participación en utilidades debe responder a criterios de sostenibilidad, productividad y equidad, no a presiones políticas o gremiales.
El sector eléctrico es estratégico para el desarrollo nacional. Su futuro no puede hipotecarse en favor de decisiones apresuradas que beneficien a pocos y perjudiquen a millones.
