Por Edison Mamani
El ministro fue interpelado el 2 de octubre, y respondió 29 preguntas. En el debate solo cinco congresistas propusieron una censura o renuncia: Alex Flores y Jaime Quito (Bancada Socialista), Milagros Rivas (Perú Libre), Susel Paredes (Bloque Democrático) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). ¿Por qué no se tuvo el apoyo de la mayoría del Congreso y de la mayoría de la izquierda, y solo tuvo un respaldo progresista y afines? Porque la interpelación fue presentada por Susel Paredes (Bloque Democrático), que tenía como fin no cuestionar principalmente las acciones contra la inseguridad ciudadana, 13 de las 29 (no hubo ninguna pregunta concreta sobre la migración descontrolada de los venezolanos, por ejemplo), sino criticar fundamentalmente los audios del ministro y su actitud con la DIVIAC, 16 de las 29: era una “interpelación ideologizada” que solo fue aprobada por 41 votos, a diferencia de la interpelación al ministro del Ambiente, aprobada también en la misma fecha, pero con 84 votos.
¿Cuál es la relación del ministro del Interior con Dina Boluarte y Vladimir Cerrón? Cuando se presentó la moción de interpelación el 18 de setiembre, no se señalaba expresamente en el texto que en uno de los audios del ministro se mencionaba un presunto favorecimiento del gobierno de Boluarte para que Cerrón permanezca prófugo de la justicia, sin embargo, era evidente que eso era parte del trasfondo político. Entonces, esto afectaba tanto a Dina Boluarte, sostenida por la derecha, como a Vladimir Cerrón, líder del principal partido de izquierda, Perú Libre. Ello explica el por qué no se pone al voto en el pleno el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que ya fue aprobado en la comisión, a iniciativa de Juan Burgos. Sin embargo, siendo realista, en el supuesto que la izquierda y el sector progresista, estuviesen unidos, solo podrían presentan la moción de censura, ya que solo requiere 33 firmas, estando muy lejos de los 66 votos para censurar al ministro, puesto que esto último implica tener el apoyo de la derecha y el centro. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Dina, Vladimir y el Congreso: crónicas en la Comisión de Fiscalización”.
¿Quiénes son los responsables de la ola de extorsiones? Brevemente, podemos resumir que los principales culpables en el tiempo de este salvajismo importado, extorsión con granada en mano, fue la derecha que acompañó a PPK y el sector progresista, por hacer de nuestras fronteras una coladera, permitiendo el ingreso de extranjeros sin ningún filtro técnico, luego de ello, los responsables fueron los sucesivos gobiernos, desde Vizcarra hasta Boluarte, que no tuvieron el diagnóstico correcto o los “pantalones” frente a la presión de los medios, a pesar de tener el apoyo de la población, para imponer “mano dura” a esta migración descontrolada. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Terrorismo urbano y el Congreso: ¿Una medida populista?”.
¿La “narrativa progresista del crimen organizado” nos hizo perder un mes en la lucha contra las extorsiones?: el 26 de setiembre los transportistas paralizaron Lima pidiendo “mano dura”, “Estado de Emergencia”, intervención de las Fuerzas Armadas y tipificar el delito de “terrorismo urbano”, y se tenía certeza que el Ejecutivo era el principal responsable porque ellos son los encargados de la seguridad ciudadana según la Constitución. Sin embargo, a la semana siguiente, la “narrativa progresista del crimen organizado” (que solo buscaban en última instancia el adelanto de elecciones), apoyada infantilmente por los principales medios de comunicación y el sector empresarial, cambió el panorama: ahora los transportistas, informales, pedían derogar la Ley 32108, sobre el crimen organizado, y “archivar” la tipificación del delito de “terrorismo urbano”, argumentando que era el “clamor popular”, es decir, según los progresistas, el Perú no quiere “mano dura” frente a las extorsiones con granadas, sino “luchar contra la supuesta corrupción de los partidos”, y para ello se justificaron en las “encuestas objetivas ideologizadas” de Ipsos y Datum, fanáticos del “enfoque o ideología de género”, que querían tapar el sol con un dedo. Es decir, que la única solución era normativa, y que las víctimas eran los jueces, pero sobre todo los fiscales que tenían problemas de comprensión lectora durante el allanamiento, por ejemplo, ocultando la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política” que existe actualmente, y no se preguntaba a la población qué opinaba de los magistrados que liberan delincuentes en flagrancia. Esta narrativa trajo como consecuencia que haya gente que piense que el responsable de las extorsiones ya no era el Ejecutivo sino el Legislativo. Esta novela hizo perder un mes de trabajo al Congreso, pero sobre todo a la policía, y además hizo creer al Ejecutivo que la realidad de las extorsiones no era de tal gravedad, y que estaban haciendo bien su labor. El Congreso “fue extorsionado” (porque la mayoría no tienen formación ni experiencia política), y se modificó la Ley 32108, sin embargo, en la práctica no hubo un gran cambio normativo, así que no se ganó ni perdió. Lo de terrorismo urbano solo fue aprobado en primera votación con el nombre de “criminalidad sistemática”. Sin embargo, el Congreso, por lo menos hizo algo a los ojos de la población, y con ello se volteó la mirada ya no al Legislativo, sino nuevamente al Ejecutivo, trayendo como consecuencia a un presidente del Congreso relativamente empoderado, con ganas de sentarse en el sillón presidencial, y a un ministro del Interior como centro de todas las críticas. Para mayor detalle, pueden revisar mi columna “Populismo, crimen organizado, terrorismo urbano y el Congreso”.
¿Existe responsabilidad del Gobierno? Si bien en el Congreso no hay los votos para censurar al ministro, todo tiene un límite. En todo caso, la renuncia sería la vía adecuada. Dina Boluarte, en su conferencia de prensa del 22 de octubre no pudo dar más propuestas concretas contra las extorsiones porque nunca ha tenido un diagnóstico claro ni el respaldo político necesario. Señaló sin convicción alguna que ahora la responsabilidad es de la migración descontrolada, lo cual es cierto, pero solo lo dijo porque la encuesta de CPI, indicaba que más del 95% de peruanos exige la expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país. ¿Acaso el Gobierno no lo sabía desde antes? ¿Acaso no tienen ministros y asesores a la altura de las circunstancias? ¿Existe responsabilidad política del ministro del Interior? Dina Boluarte debería irse, eso es evidente. ¿Pero qué pasaría después de la salida de Dina? ¿Cambiaría en algo las extorsiones? ¿Quién asegura que el próximo “presidente interino” tenga el respaldo político necesario? ¿Quién asegura que el sector progresista, que siempre pide adelanto de elecciones, pero que es incapaz de ganar en dichas elecciones, se calmará con ello? Lo más práctico es cambiar al Premier y al ministro del Interior. Cuando la situación es adversa, cuando hay un problema que no se ha resuelto, no interesa quién es el culpable, la cabeza tiene que asumir la responsabilidad política: si no se va Dina que se vaya el Premier, si no se va el Premier entonces que se vaya el ministro. ¿Este cambio de ministro del Interior cambiará las extorsiones a corto plazo? Claro que no, pero sí calmará las protestas sociales, siempre y cuando se cambié el chip del ministro, para que tenga el diagnóstico correcto, y pueda imponer la “mano dura” que la población exige. También es cierto que todo depende de la contundencia de la protesta social, porque desde la mayoría del Congreso le han dado plazo por lo menos hasta después del APEC. Para conocer las posturas de las 13 bancadas, pueden leer mi columna “Nuevo mapa político del Congreso”.
