Opinión
¿Quién responde por la impunidad en Cultura?
El ministro Fabricio Valencia y otros exministros de Cultura se encuentran bajo la lupa, pero sin consecuencias.
Desde su creación, el Ministerio de Cultura ha sido sinónimo de improvisación, baja ejecución presupuestal y escándalos de corrupción. Pese a sus limitados recursos, su historial está marcado por denuncias graves y funcionarios de alto nivel bajo investigación. La actual demora en los procesos fiscales contra varios de sus exministros plantea serias dudas sobre la eficacia de la justicia y el rol del Ministerio Público.
La exministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, quien en 2018 lideró la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, enfrenta una investigación preparatoria por presunta negociación incompatible, colusión y discriminación. Según la Fiscalía, integró una red que defraudó al Estado mediante la sobrevaloración de servicios y la utilización de un anciano de escasos recursos como supuesto proveedor. Una ferretería vinculada a esta red habría recibido 200 mil soles.
A esta situación se suma la investigación contra la exministra Patricia Balbuena, acusada de peculado doloso en el caso ‘Richard Swing’. Este escándalo, que involucró a cinco exministros de Cultura entre 2018 y 2020, muestra una presunta red que favoreció a Richard Cisneros con más de 175 mil soles en contratos irregulares. Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Jaime Castillo, Sonia Guillén y la propia Balbuena fueron señalados como presuntos responsables de estas contrataciones, que, según colaboradores eficaces, se habrían dado por órdenes de Palacio de Gobierno.
El patrón se repite: investigaciones abiertas, nombres en titulares y promesas de justicia que se diluyen con el tiempo. Hoy, el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia es investigado por la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima, y ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión, por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, mientras los procesos contra sus antecesores siguen sin resolución clara.
La pregunta es inevitable: ¿el Ministerio Público busca justicia real o simplemente administra el olvido? La acumulación de casos sin sanción crea una percepción de impunidad institucionalizada. Si el tiempo sigue beneficiando a los investigados, la lucha contra la corrupción se convertirá en una consigna vacía, y el Ministerio de Cultura continuará siendo un símbolo del fracaso del Estado en sancionar a quienes traicionan el servicio público.