Escribe José Luis Pacheco
¿Qué hacen los políticos o grandes tecnócratas cuando se retiran a sus cuarteles de invierno? Si bien es cierto, algunos se dedican a ser opinólogos, la mayoría aunque desaparecen de las portadas, se involucra en el sector privado para gestionar sus intereses a costa de los derechos de los consumidores; casos emblemáticos: Pura Vida en INDECOPI, seguros de salud y clínicas con ESSALUD, tercerización de servicios en hospitales del MINSA, deudas de empresas industriales por el servicio de agua potable, empresas de telecomunicaciones con deudas tributarias, etc.
La incógnita es ¿Qué sucede con nuestros organismos reguladores y/o fiscalizadores? La respuesta es sencilla, tenemos una forma de corrupción legalizada que se denomina “Puerta Giratoria”. Este fenómeno es el hecho de privatizar y copar un sector de la administración pública por agentes que saltan del sector público al sector privado, o viceversa.
Si bien es cierto todos hablan de la reforma electoral respecto del financiamiento de los partidos políticos o de medidas para combatir la corrupción, nadie ha tocado el tema de fondo, es decir, ¿quiénes hacen las políticas públicas, quién decide de dónde provienen y hacia dónde van?
Ahora es más fácil para las grandes empresas contratar o alquilar políticos que gracias al respaldo ciudadano en las urnas han accedido a obtener una información privilegiada, diversos contactos en las esferas gubernamentales e influencias, etc. Ni que hablar de los tecnócratas que asumen altos cargos públicos por confianza ya que los técnicos se alquilan como muy bien lo decía Bedoya Reyes.
¿Se imaginan que papel harán los políticos o tecnócratas en los consejos directivos? ¿Defenderán, acaso, a los usuarios y/o consumidores? Jamás.
Por ello, es importante impulsar medidas legislativas que proscriban esta forma de jubilación dorada y que nunca más se utilice la soberanía popular para incrementar las utilidades de las grandes empresas.
