Trago amargo. Luego de que el juez norteamericano Laurel Beeler considerara que es la justicia peruana la indicada para deliberar la libertad del ex presidente Alejandro Toledo, la imagen de ‘sano y sagrado’ cada vez se va diluyendo en el fondo de una copa. El otrora hombre de Cabana y economista graduado en la prestigiosa Universidad de Standford ahora pasa el resto de sus días cumpliendo arresto domiciliario.
“Conforme a la norma aplicable, las confesiones del peticionario y el testimonio de Barata y Maiman proporcionan motivos razonables para determinar que el peticionario participó en el esquema de soborno y cometió colusión y lavado de dinero”, detalla la resolución de la Corte de Justicia de California.
En su resolución, el juez Laurel Beeler consideró que corresponde a la justicia peruana decidir, en función a las evidencias que existan, si el exmandatario debe o no cumplir prisión.
“Corresponde a un tribunal peruano evaluar las defensas del peticionario, sopesar la credibilidad del testimonio de los testigos y, en última instancia, decidir si las pruebas son suficientes para condenarlo (…). Por las razones expuestas, el tribunal deniega la solicitud de recurso de habeas corpus”, agrega.
Como se sabe, el 28 de setiembre de 2021, el juez de Estados Unidos Thomas Hixson decidió que Toledo puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican la repatriación solicitada por el gobierno peruano.
Un día después, Toledo informó que su defensa pediría un habeas corpus a la justicia estadounidense, lo que, en teoría, podía retrasar e incluso evitar su extradición a Perú. El habeas corpus, según explicó aquella vez, ponía en duda las condiciones de su detención y la preservación de su derecho de defensa.
Erael único recurso legal de que disponía el mencionado expresidente, debido a que la sentencia del juez Hixson no puede ser apelada.
Cabe recordar que Toledo es procesado por la justicia peruana por presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, presuntamente, una coima de 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica.