Por Virginia Amodeo
A un mes de inicio del Estado de Emergencia, se registró el ataque a la camioneta de la regidora del distrito de Comas, Rosa Corzo, quien indicó que una banda criminal disparó siete balazos a su vehículo por negarse a pagar S/150. Ataque que coincide con el funeral de Tommy Saravia, teniente alcalde de San Juan de Lurigancho, quien fue asesinado mientras supervisaba obras en los colegios de su distrito. Similar atentando, fue registrado en San Martín de Porres, otro distrito declarado en emergencia, donde el joven militar, Santiago Medina Casimiro fue asesinado por dos jóvenes a borde de una moto mientras disfrutaba de su día libre.
Disparos, explosiones, sicariato, robos y extorsiones siguen reportándose en diversas zonas de Lima, pese a las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien confirmó que el paquete de acciones para combatir la delincuencia sería “mejor que el plan Bukele”.
A mitad de esta cuestionada declaratoria de emergencia, caracterizada por la presencia militar, sólo en lugares con mayor incidencia criminal, los peruanos nos preguntamos cuánto costará al país retornar a la paz; único buen recuerdo de aquellos meses de cuarentena.
Con esto en mente, se nombran a la ligera, distritos más seguros que otros, como San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco y La Molina, catalogados como las mejores zonas para vivir. Lugares donde la recaudación tributaria para financiar el servicio de serenazgo municipal oscila entre S/73 a S/.450 por persona.
Pero existe además, un precio invisible que los residentes de las zonas seguras deben pagar y pareciera vergonzoso de admitir: los pagos extra a empresas privadas de vigilancia, el monitoreo de cámaras en domicilios o someterse a vivir en condominios con seguridad exclusiva. Cifras que superan los cientos de soles, por familia, para disfrutar de la merecida tranquilidad. Quedando entonces, entre la probabilidad de ser víctima de extorsionadores o la necesidad de contratar servicios de seguridad privada. Montos fuera del presupuesto que, igualmente, asaltan la billetera cada fin de mes.
Por otro lado, los medios de comunicación se regodean resaltando las zonas, calles y avenidas de los denominados distritos peligrosos, donde hasta la tienda de la esquina es obligada a pagar un cupo o cerrar sus puertas indefinidamente. Lugares como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Callao, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, donde cada habitante destina entre S/1.90 y S/7 para seguridad municipal. Sectores donde el pago de impuestos llega a ser mínimo o inexistente, vinculado quizás al alto índice de trabajo informal de sus residentes.
De esta manera, el tiempo avanza, el plazo de la facultades legislativas del Ejecutivo se estrecha, el ministro del interior Vicente Romero califica como “un logro» la declaratoria de emergencia, el ministro de economía Alex Contreras confirma encontrarnos en una recesión mientras los congresistas piden su renuncia por declarar aquello que los especialistas advertían semanas atrás. E increíblemente, en esta misma ciudad, el peruano promedio sale a la calle con el mismo temor de ser asaltado a pie, dentro de un taxi o manejando su vehículo, sea en La Molina o en Villa María del Triunfo, quizás al lado del muro de la vergüenza.
