Política
Promulgan ley que excluye a los partidos políticos de tener responsabilidad penal
Gobierno de Dina Boluarte da carta blanca a organizaciones políticas para ser excluidas de investigaciones judiciales.
La cordura del país está cayendo como la popularidad de la mandataria. Ayer el Gobierno de Dina Boluarte finalmente promulgó la Ley 32054 que excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos (Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, entre los partidos investigados), según se publicó en una edición extraordinaria de El Peruano.
La norma, que lleva la rubrica de la presidenta de la República y del premier Gustavo Adrianzén, modifica así el artículo 105 del Código Penal para incorporar dos párrafos en el Decreto Legislativo 635.
Con ello, se establece que las organizaciones políticas no podrán ser procesadas judicialmente por ciertos delitos. Ahora, la Fiscalía solo podrá procesar a los afiliados de dichas organizaciones, aplicándoles las sanciones de manera individual.
“Respecto de los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas”, se lee en la publicación de El Peruano.
Partidos que se beneficiarían con nueva ley
Entre los partidos que se beneficiarían con esta nueva disposición estarían Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, quien viene siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto lavado de activos relacionado con las elecciones generales de 2021.
Por su parte, Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón, también enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilícito en el caso Los Dinámicos del Centro durante la misma campaña electoral.
Y, de otro lado, Podemos Perú está bajo escrutinio por una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con su líder José Luna Gálvez, investigado por falsificación de firmas y documentos. Asimismo, otros partidos como Renovación Popular enfrentan cargos por presunta asociación ilícita y lavado de activos vinculado con el caso Lava Jato.