El fin de semana circuló la fotografía de una redada policial en uno de los barrios exclusivos de Lima, indicando que la policía estaría multando con S/2000 soles (unos 650 dólares) a las personas que, con 65 o más años, estuvieran circulando por las calles. La imagen se viralizó en Tuitter. El mismo fin de semana, una vecina del balneario de La Punta, publicó la fotografía de un cartel municipal donde se indicaba la prohibición de ingreso al distrito (y a las playas) de personas mayores de 65 años y de niños menores de 12.
Desde el inicio de esta pandemia hemos visto cómo se han ido manejando las disposiciones del gobierno de Martín Vizcarra, de su cuestionable Comando COVID y de su staff de asesores. Hemos visto también cómo han ido experimentando con los ciudadanos como si fueran conejillos de Indias o ratas de laboratorio. Todos sabemos ya que la mejor forma de evitar el contagio (que ha sumado casi 70 mil muertos a la fecha) es el cuidado: lavarse las manos, usar alcohol, no tocarse el rostro (nariz, manos y ojos) y evitar el contacto con las demás personas. En algunos mercados, por ejemplo, las monedas permanecen remojadas en alcohol y antes de entrar y a la salida de los mismos se han colocado dispensadores de alcohol en gel y desinfectantes para todos los usuarios.
A estas alturas del partido, TODOS tenemos ya internalizada la norma de que el contagio se da por contacto. Pero claro, para el gobierno, los viejitos y los niños padecen de algún tipo de discapacidad mental que los haría desobedecer esa orden. No hay niño en el Perú de hoy que no sepa (muchas veces más que los adultos), que no hay que tocarse, que hay que lavarse las manos, que hay que evitar el contacto con los demás. Y lo mismo pasa con las personas mayores. Son ancianos, no idiotas. Son ancianos que han llegado a esa edad porque han aprendido a cuidarse en esta vida. Y son personas mayores, no personas tontas. Y si hay algo que mata a las personas mayores es el encierro y la inmovilidad. El sentirse inútiles cuando saben –porque lo saben– que pueden realizar cualquier labor para su edad. Prohibirles desde el gobierno la salida de sus casas, o tratarlos como si estuvieran en prisión domiciliaria, “permitiéndoles salidas de 60 minutos al día para que tomen el sol”, es ridículo.
El gran problema de la pandemia –que todos hemos visto– es que el Perú no cuenta con condiciones sanitarias mínimas para atender de golpe una cantidad enorme de contagiados. Se cae el sistema sanitario que, ahora lo sabemos con certeza, es de una precariedad vergonzosa. El gobierno cubre así sus deficientes políticas de salud pública (que también ahora sabemos: nunca le interesó implementar ni desarrollar), y recurre al paternalismo de encerrar a las personas muy jóvenes y muy viejas en sus casas. Pero los que están en medio no. El gobierno quiere mover la economía y devuelve a las personas a sus trabajos, a las compras en los centros comerciales, a los restaurantes con aforo limitado, a los bares con solo dos sillas por mesa, a las iglesias sin misa, a hacer deporte con mascarilla; pero les prohíbe las playas abiertas, los parques zonales, los parques distritales, los espacios públicos donde ahora mismo la gente sabe que debe evitar a los demás.
Ser anciano (ese eufemismo del “adulto mayor” no ha hecho más que infantilizar una condición natural del ser humano) no significa la pérdida del instinto a cuidarse, como tampoco significa la eliminación de su presencia y aportes en el tejido social. En medio de tantas campañas sociales de valoración de los ancianos, ver que se les prohíbe salir de sus casas es, en realidad, ir en contra de lo que se pregona. Muchos ancianos en este momento siguen trabajando en sus domicilios haciendo diferentes tipos de labores porque no tienen quién los mantenga, porque son pensionistas sin pensión, porque son peruanos sin bono estatal, porque tienen que comer y pagar sus recibos de luz, agua e internet. No son personas inútiles. Son personas que viven en un Estado que no ha generado las condiciones mínimas de atención para una vida digna.
Pilar Mazetti tiene 64 años y sigue ejerciendo como ministra de Salud, Rosario Sasieta tiene 64. Hernando de Soto tiene 79 años y ya empieza ahorita su campaña electoral. Juan Carlos Oblitas tiene 69 y, me imagino, acompañará por Zoom a la selección nacional en estas eliminatorias mundialistas. Fernando Cilloniz tiene 69 años, Daniel Urresti 64, Alfredo Barnechea 68, César Acuña 68, Jorge Nieto 68. Todos ellos empiezan ya sus campañas electorales ¿tendrán ellos “pase especial” para hacer su proselitismo o también les prohibirán las salidas de sus casas para ser coherentes?
El gobierno debe brindar las condiciones para evitar el contagio, el ciudadano debe también tomarlas para cuidar su vida. Y hay que ser coherentes desde la cabeza, que es el gobierno que nos ha tocado en suerte. Nadie quiere que sus seres queridos mueran, pero tampoco podemos ser ciegos y no querer ver que estas personas tienen que seguir trabajando para no morir de cualquier otra cosa que no sea el COVID.
