Procuraduría solicita reabrir caso de pruebas Covid en el que se encuentra involucrado Martín Vizcarra
Esto se da luego que fiscal de la Nación decidió archivar el caso que envuelve al ex mandatario, la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva, y los exministros de Salud, María Hinostroza y Víctor Zamora.
Que aún no cante victoria. La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, reabrir el caso de las pruebas rápidas contra el Covid-19, adquiridas durante el periodo del ex mandatario Martín Vizcarra.
A través de un comunicado en redes sociales, la PGE comunicó que pidió el “reexamen de los actuados, en virtud de 9 elementos de convicción, y que, en consecuencia, se disponga la reapertura de la investigación contra el señor Martín Vizcarra, en su calidad de expresidente, por la presunta comisión del delito de colusión y, de manera alternativa, de negociación incompatible”.
La solicitud se da luego de que el fiscal de la Nación interino anunció que la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra fue archivada y que no se formulará una denuncia constitucional. Dicha medida también fue adoptada para el caso de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesia, quienes se encontraban comprendidos dentro de esta investigación preliminar.
En entrevista con RPP, Villena indicó que no se encontraron suficientes indicios que prueben la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado.
“No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, señaló.
Como se recuerda, en febrero del año pasado, el Parlamento había aprobado un informe que recomendaba acusar constitucionalmente a Vizcarra y a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete. La acusación señalaba que Vizcarra y las exministras concertaron la compra de pruebas rápidas, interfiriendo con políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares.