Política
Procuraduría solicita el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres
Requerimiento tiene como finalidad que se garantice el pago de reparación civil.
Al ex presidente golpista lo quieren dejar hasta sin su sombrero. La Procuraduría General del Estado (PGE) acaba de solicitar el embargo de los bienes muebles e inmuebles del ex presidente Pedro Castillo, así como de las propiedades reales de su ex premier Aníbal Torres, ambos implicados en el golpe de Estado fallido del 7 de diciembre del año pasado.
Daniel Soria Luján, procurador general del Estado, hizo el requerimiento ante el Poder Judicial (PJ) a fin de garantizar la pretensión de reparación civil que asciende a más de 67 millones de soles.
De acuerdo al documento difundido en distintos medios, la PGE solicitó que se dicten medidas cautelares de embargo en forma de inscripción e inhibición sobre los bienes muebles e inmuebles del exmandatario hoy preso en el penal de Barbadillo e investigado por la presunta comisión del delito de rebelión.
Antes de hacer el requerimiento, la Procuraduría hizo la consulta de los bienes del expresidente mediante la plataforma de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Según la información obtenida, el exjefe de Estado registra cuatro propiedades inmuebles, específicamente parcelas, todas ubicadas en Chota, Cajamarca. Sin embargo, no se precisa el valor de las tierras.
El mismo requerimiento de embargo se hizo para el ex jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor de la PCM cuando se dio el golpe de Estado.
Según la información obtenida por la PGE, Torres tiene ocho propiedades inmuebles: En el distrito de San Isidro tiene un sótano, un estacionamiento y un departamento valorizados en 15 mil, 15 mil y 236 mil 800 dólares, respectivamente. Mientras que en Cercado de Lima dispone de tres departamentos y dos estacionamientos.
Sobre estos tres últimos, tampoco se ha precisado el valor estimado de los bienes.
Además, Torres tiene un jeep compass limited de color negro valorizado en 20 mil dólares.
Como se recuerda, en junio pasado el PJ rechazó el recurso que presentó la defensa de Pedro Castillo que buscaba que se exonere al expresidente del presunto delito de rebelión o conspiración por el golpe de Estado del 2022.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el nuevo recurso que plantearon los abogados de Pedro Castillo Terrones, donde indicaban que el Ministerio Público no podía imputar al expresidente del delito de rebelión por los hechos que ocurrieron el 7 de diciembre del año 2022.
El juez, Juan Carlos Checkley, evaluó los cargos imputados e indicó que si tienen relación con los elementos de convicción que presentó la Fiscalía, es decir, el proceso legal no está vulnerando la defensa del expresidente.
Además, el magistrado consideró que los derechos fundamentales de Castillo Terrones no han sido infringidos durante la investigación preparatoria.