Por Rafael Romero
A menudo los periodistas recibimos las denuncias de ciudadanos y de los propios servidores públicos, aquellos más responsables y caracterizados, que están cansados de la impunidad y la corrupción. La verdad es que muchos de ellos son objeto de represalias y venganzas por el hecho de haberse enfrentado a algún despacho público inmoral.
En medio de esas denuncias, recibimos información acerca de verdaderas argollas de poder y círculos de hierro enquistados en el aparato estatal, seguramente formados al paso de los años en medio del amiguismo, del padrinazgo e impunes conflictos de interés.
Efectivamente, denuncian a las mafias enquistadas en ministerios, como el de Transportes y Comunicaciones, el de Cultura, Educación o Vivienda, por citar algunos casos, pero ni hablar de lo que pasa en el ministerio de Defensa, sobre todo con un nuevo destape del sempiterno robo de combustible en el Ejército del Perú, incluso dentro de su propia Comandancia General (“Pentagonito”).
Además, entre las quejas documentadas que recibimos, aparecen las evidencias y las pruebas de que por más esfuerzo que haga la Fiscalía y la Contraloría General de la República, al final las mafias terminan por cansarlas con resultados negativos frente a la corrupción.
Pero, dándole el beneficio de la duda a la CGR y la Fiscalía, sucede que estas a veces no cuentan con toda la información del caso o la reciben retaceada porque los órganos que deberían apoyarlos -como son las propias OCI de las entidades públicas, las oficinas de Recursos Humanos, de Integridad o de Ética Pública- son parte de las argollas de corrupción, resultando lamentable que desde esas oficinas se blinde a los corruptos en no pocos casos. Vale decir, desde esos estamentos muchas veces se protege a los funcionarios denunciados, se arropa a su círculo vicioso y se aplaude el reinado de la impunidad.
Esto está pasando en varias instituciones del Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, siendo la consecuencia más grave cuando los ciudadanos denunciantes son objeto de represalias, persecuciones y venganzas. Sin embargo, eso tiene que acabar y para eso se requiere unir esfuerzos con quienes se ocupan y preocupan de defender los intereses del Estado.
En este contexto, los buenos empleados públicos deben de ser aliados de otros funcionarios también valientes y consecuentes, premunidos de valores y principios, y que existen en las oficinas o secretarías de Integridad de la PCM, en la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y especialmente en la Procuraduría General del Estado (PGE). Por tanto, si las OCI de los ministerios se hacen de la vista gorda por estar en connivencia con la corrupción, entonces los ciudadanos y funcionarios correctos también deben denunciarlas, aunque en paralelo deben aliarse a los servidores de Integridad de la PCM, a los cuadros idóneos de SERVIR y fundamentalmente a los abogados especializados de la PGE.
Luchar juntos contra la corrupción y en favor de la mejora de la calidad del servicio público y la idoneidad de los recursos humanos en el Estado es un imperativo, vinculando los esfuerzos de las secretarias de Integridad, de los estamentos de Ética Pública y los funcionarios de la PGE, entidad liderada por el Dr. Javier Alonso Pacheco Palacios, y que cuenta con un destacado equipo consultivo y directivo, integrado por los doctores Luis Miguel Iglesias León y David Charles Napurí Guzmán; asimismo, cuenta con el importante desempeño de la mujer peruana, tal como ocurre en la gerencia general, actualmente en manos de Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes de López; y de Nelly Margot Paredes Rojas como directora del Centro de Formación y Capacitación.
De manera que, para acabar con las argollas de corrupción, la arbitrariedad, la persecución y la represalia, el deber ciudadano de denunciar tiene que sumarse a la función que desempeñan los servidores de la PGE, sobre todo cuando pueden cumplir y cumplen con la supervigilancia sobre la propia CGR y los ministerios, pues tienen por visión fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado, a través de una gestión altamente especializada, honrada y eficaz que proteja los intereses del país.
Además, la PGE cuenta con la Unidad Funcional de Integridad Institucional, que propone acciones concretas de integridad y de lucha contra la corrupción, apoyando la identificación y gestión de riesgos de corrupción, implementando y dirigiendo estrategias de integridad, incluyendo su cumplimiento. Una de esas herramientas es el “modelo de Integridad”, vale decir aquel conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades públicas frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética.
Si a esto le sumamos otros instrumentos de acción, como eliminar los riesgos de corrupción, porque estos limitan el cumplimiento de la misión institucional y afectan a los servicios que se brindan a la ciudadanía, o si le sumanos la promoción de la transparencia, de los datos abiertos, la rendición de cuentas y el uso de verdaderas auditorías internas y externas, entonces los ciudadanos o los funcionarios que denuncian ya no estarán solos a la hora de enfrentar a las argollas del MTC, Vivienda, Cultura o del MINEDU. Es hora de que la PGE muestre su liderazgo y potencie las acciones compartidas junto a la secretaría de Integridad de la PCM, y SERVIR. La corrupción enquistada en la administración pública no le ganará al Perú y será expectorada.
