Procuraduría exige que Martín Vizcarra pague millonaria reparación civil por el caso ‘Richard Swing’

Ex mandatario y ex titular del Mincul, Patricia Balbuena tendrían que pagar de manera solidaria más de S/ 575 mil por presunta contratación irregular de animador.

Lo quieren dejar con la sangre caliente al ‘Lagarto’. El Poder Judicial (PJ) ha solicitado a la Procuraduría General del Estado (PGE) que se constituya como actor civil dentro de la investigación preparatoria que se viene realizando contra el ex presidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, por la presunta contratación irregular del animaror Ricardo Cisneros. De hallarse responsabilidad en los implicados, ambos deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/ 575 400. 

El juez Juan Carlos Checkley declaró fundado el pedido hecho en ese sentido por la referida instancia. De igual forma, declaró infundado el recurso que la defensa del ‘Lagarto’ Vizcarra había interpuesto contra la pretensión de la PGE.

Al respecto, el magistrado Checkley argumentó que la solicitud de la Procuraduría cumple con los requisitos estipulados en el artículo 100 del Código Procesal Penal.

Este personaje fue vinculado al Ministerio de Cultura durante el gobierno de Vizcarra para realizar labores de consultoría sin contar con las credenciales necesarias, generando una controversia significativa.

El caso ‘Richard Swing’

La controversia central gira en torno a Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, un cantante y motivador que recibió contratos por un total aproximado de 175,000 soles por parte del Ministerio de Cultura durante la gestión de Vizcarra, sin que aparentemente tuviera las credenciales necesarias para los servicios prestados.

Los investigadores están examinando si Vizcarra utilizó su posición para influir en la contratación de Cisneros, lo que podría constituir un acto de corrupción o tráfico de influencias. Además, se está investigando si estos contratos fueron una recompensa por el apoyo político de Cisneros. Las grabaciones y testimonios presentados en el Congreso sugieren que Cisneros se jactaba de tener acceso e influencia directa sobre Vizcarra, lo que ha intensificado las sospechas.

Es por ello que la PGE viene sustentado que estos hechos causaron un gran perjuicio económico al Estado, justificando de esta manera la demanda de reparación civil.