Prisionera de la “Interculturalidad”

Por Jorge Linares

Por más de 482 años, para algunas personas el indígena amazónico ha sido considerado como un ser sin sentimiento y, por tanto, sin derechos, solo basta recordar que, durante el proceso de intervención de los europeos en este territorio, los originarios eran estigmatizados como infieles, salvajes, chunchos, incivilizados, antropófagos y geófagos, entre otros calificativos peyorativos. Durante ese largo espacio los indígenas han sufrido desapariciones, violaciones, tropelías, encarcelamientos, hasta crímenes por parte de la clase “civilizada”. Estos flagelos obligaron muchas veces a los nativos a abandonar su territorio para migrar a lugares más seguros que a la vez puedan alimentar, curar y proteger a su familia con el bosque. Un hecho execrable sucedió en enero de 1871 que hasta ahora se recuerda, fue la desaparición de 16 niños indígenas del distrito de Sarayacu que habían quedado huérfanos (nueve varones y siete mujeres) y que fueron entregados a la Alcaldía de Iquitos para su custodia que al final desaparecieron y nunca se tuvo rastro de ellos, hecho que llamó la atención del prefecto José Ramírez quien solicitó información del paradero de estos niños sin obtener respuesta. En la actualidad, en pleno siglo XXI, nos llamó la atención el enjaulamiento, en un calabozo a la intemperie, de Mirtha Chávez Chino (38 años), mujer Quechua, madre de cinco niños que observaban ese horroroso y humillante escenario por 28 horas en la comunidad de Los Jardínes, provincia del Datem del Marañón. Su delito fue discutir con su vecina, esta irracional decisión la tomó el Apu, quien se rige en las leyes indígenas o procesos interculturales que según ellos se amparan en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Los conceptos antropológicos “multicultural”, “pluricultural” o “intercultural” son relativamente modernos y que solo servirán para ser estudiados en las clases académicas por los antropólogos, sociólogos o abogados si es que el Estado no cumple su rol preponderante en estructurar políticas públicas, tan elementales como tener derecho a convivir en armonía dentro de una sociedad justa que promueva los valores y virtudes de las personas y que estos seres cuenten con necesidades básicas como es el derecho a contar con agua potable, energía eléctrica, centros de salud, equipos médicos, colegios modernos, tecnología, seguridad, entre otros requerimientos.

El antropólogo León Olive manifiesta que “los conflictos puedan resolverse por vías no violentas, y respetando los derechos individuales, los colectivos y los de grupo”. Esto requiere una profunda reforma que establezca nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos originarios. Asimismo, se debe respetar la participación efectiva en la decisión sobre el uso y destino de los recursos de los territorios donde viven y no contaminando los ríos o depredando los bosques que son los puntos de equilibrio de la jornada diaria de los lugareños.

Y esto es lo que hasta ahora el Estado ha sido incapaz de entender y ejecutar, muchos oficinistas de los diversos ministerios de Lima, que ni siquiera conocen el Callao monumental, asumen que los problemas sociales del Perú solo se concentran en el Sur o en la Sierra del país y que bajo el concepto o la bandera de “interculturalidad”, se debe permitir o aceptar que entre ellos resuelvan sus conflictos bajo juzgamientos irracionales o denigrantes que atentan contra la dignidad del ser humano. Este pensamiento anacrónico, también es compartido por muchos gobernantes locales, regionales, municipales, funcionarios de las petroleras, miembros de ONGS, defensores de los indígenas o de las mujeres que conocen de este tipo de privaciones, demostrando desinterés por aquellos peruanos olvidados; a este grupo de pseudo cristianos más les alarmó y preocupó la portada del periódico capitalino que tenía por título “Salvajismo” con la foto de la mujer enrejada, que la misma mujer vilipendiada; aún vivimos en una sociedad de fariseos donde todo está bien si es que no te metes o atentas a mi círculo, mi familia o amigos.

Este hecho reprochable que deshonra a la mujer indígena privándola no solo de su libertad, sino de agua y alimentos, no está lejos que vayan a ejecutarse medidas más lamentables con la venia de la “interculturalidad”. En la cosmovisión indígena el fierro no es parte de la cultura amazónica, todo lo contrario, más bien fue una práctica impuesta por los caucheros a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, quienes hacían las correrías para luego castigar, violar y enjaular a los indígenas amazónicos hasta la muerte. Ya en la década de los años 90 empezó a instalarse estas jaulas con la complicidad del boom petrolero.

Absolutamente, ningún órgano del Estado ha reaccionado de manera eficaz, solo llamadas de coordinación o averiguaciones gaseosas, muy al margen del pronunciamiento solitario del Ministerio de la Mujer. Nada se sabe de la madre indígena y de sus cinco niños, no sabemos si necesitan ayuda psicológica o física, o es porque son indígenas no tienen ese derecho o ese “lujo”. Aparentemente, las mujeres de los futbolistas pegalones tienen esa atención. La falta de comisarías y otras instituciones del Estado atraen un anarquismo evidente y violencia social en estos escenarios, más aún, en un territorio que tiene como principal recurso natural el petróleo, plagándose de pseudo líderes indígenas y foráneos con requisitorias que promueven actos delictivos a la vista.

Indigenas encadenados en la selva durante la vergonsoza era del caucho.

La congresista Karol Paredes Fonseca, no justifica este tipo de prácticas como agredir a las mujeres, afectar su seguridad, su autoestima mediante encierros; en estos tiempos no es viable y se rechaza este tipo de atropellos; al contrario, se debe brindar oportunidades que mejoren las condiciones de vida de ellas tanto en la zona rural como en la ciudad. Definitivamente, el Estado debe tener presencia preponderante en los lugares rurales para q se fortalezcan las capacidades de estas mujeres que van a ser un soporte socioeconómico y cultural para nuestra sociedad. Tenemos tanto que aprender de ellas como son los conocimientos y sabidurías ancestrales de su cocina, artesanía, cosmovisión, medicina natural que no lo estamos aprovechando; es momento, de conocer estas riquezas que les van a dar la satisfacción de sentirse orgullosas de ser mujeres peruanas.

Congresista Karol Paredes.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Aristóteles Álvarez López, está en total desacuerdo con este tipo de medidas de justicia. Precisamente en Nuevo Andoas funciona un Juzgado de Paz que atiende a la población de la zona. El Dr. Álvarez ya solicitó a comienzos de su gestión mayor presencia del Estado en este lugar, como una comisaría y una oficina del Banco de la Nación.

Dr. Aristóteles Álvarez López.

El Jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de la región Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra, manifestó que el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, otorga la potestad a los pueblos indígenas de poder resolver sus conflictos internos a través de la justicia intercultural y el límite que pone la Constitución es no vulnerar derechos fundamentales, y para contextualizar este hecho se irá una comisión hasta la comunidad de Los Jardínes.

Dr. Abel Chiroque Becerra.

El alcalde de Andoas, Sr. Manolo Kunchim Sumpiniach, es Achuar y comentó que esta es una costumbre Quechua porque la justicia Achuar es diferente, primero se invita a la persona que cometió la falta a la hora que se toma la guayusa (entre 3 a 4 a.m.) para conversar de su caso y aconsejar por el buen camino; luego, si no se reforma se procede con el castigo de internar a la persona al centro de la espesura de la selva por más de dos horas y aislarse dos días para que reflexione con la naturaleza en ayuno, solo bebiendo toe para meditar y corregir su actitud.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, Ing. Isaac Núñez Pérez, se asombró de lo ocurrido y manifestó que se iba a comunicar con el Apu de Los Jardínes para que le brinde mayores detalles de lo ocurrido y que le era imposible llegar a ese lugar porque no cuenta con presupuesto.

Ing. Isaac Núñez Pérez.

Va a ser un gran desafío para los gobernantes rectificar las políticas hacia la Amazonía peruana y para ello se debe considerar una tetra hélice como modelo de innovación con participación del Estado, la academia, la empresa privada y por sobre todo la Iglesia. Pues, la presencia de los sacerdotes ha sido y será fundamental en los territorios amazónicos, sobre todo en los más recónditos donde solo han llegado ellos desde el siglo XVI hasta nuestros días bajo una labor silenciosa con buenos resultados. Los religiosos son los que mejor conocen las ocho provincias de Loreto, las líneas fronterizas, las cuencas hidrográficas, los 32 pueblos originarios, el comportamiento, la cultura y la cosmovisión de estos pobladores; basta recordar al padre franciscano Jonh Mc Carthy, quien era uno de los defensores de las comunidades asentadas en el río Napo ante los abusos de las petroleras, al padre salesiano Luis Bolla que hizo un trabajo ejemplar en lo espiritual y cultural con los Achuar en el río Pastaza y Morona, a los agustinos padre Miguel Fuertes y monseñor Miguel Ángel Cadenas en Santa Rita de Castilla, protectores de los Kukama ante la falta de agua potable y evidente contaminación del río Marañón por el derrame del crudo, por citar a algunos sacerdotes. La tarea es monumental pero no imposible, hay peruanos en lo profundo de la Amazonía y en los límites de nuestro territorio patrio que necesitan ser tratados y respetados como seres humanos.