Por Rafael Romero
En los últimos dos años periodistas de diversos medios de comunicación han venido informando acerca de hechos cuestionables gestados dentro de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú) que tendrían connotación penal.
Entre esos periodistas y medios están la Revista Lima Gris, Herbert Mujica Rojas, del diario UNO y del portal Señal de Alerta; igualmente Ricardo Mc Cubbin, de la agencia de noticias INFOBAE; y Jonathan Castro, de La Encerrona, entre otros.
A las investigaciones periodísticas se suman las denuncias de altos funcionarios de Estado, como Fortunato Quesada; los contundentes análisis del internacionalista José Antonio Torres Iriarte; y los reclamos de los servidores públicos de Torre Tagle como Hugo Sotomayor Vergara y Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, con relación a una presunta argolla de poder, ¿un círculo de hierro con capacidad para decidir quién se queda o quién sale de la Cancillería, quién asciende y quién no, amén de intocables vacas sagradas que se granjean los mejores puestos o embajadas?
Los hechos pueden ir incluso a la organización y puesta en ejecución de complots, grabaciones ilegales, venganzas, represalias baratas o antojadizas, los mismos que datarían del 2016; y con mayor gravedad entre el 2018 y 2019, cuando los sucesos se generaron contra un embajador como Fortunato Quesada o un expresidente, Alan García, víctima supuestamente de otra conspiración —desde el vizcarrato, siendo canciller Néstor Popolizio— para que no se le dé asilo en Uruguay.
Pero las denuncias llegan incluso al maltrato laboral, perpetrado contra colaboradores o exservidores de la diplomacia peruana, a contrapelo de quienes sí tienen la suerte para no ser sancionados, pues están blindados para que no se les abra procedimientos administrativos disciplinarios, y gozarían incluso de favores como para ser premiados con puestos a la medida y con altísimos sueldos, hechos casi parecidos a los lujosos cargos del hijo de la presidenta Dina Boluarte, David Eduardo Gómez Boluarte, en las Naciones Unidas de Nueva York, y con igual suerte para la enamorada de este.
La lista de situaciones supuestamente anómalas —que exceden los límites de las faltas administrativas— podría continuar y convertirse en un recuento de elementos de convicción insoslayables que implicarían ilícitos penales.
Pero esa es, causalmente, la tarea que tienen las autoridades pertinentes, como los magistrados del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, donde hay especialistas en corrupción de funcionarios, y de esta manera hacer que la ley se cumpla en vista de que todo indicaría que los órganos de Integridad, Recursos Humanos y Control Interno de la Cancillería habrían optado por la vida molicie o acomodaticia, quizás mirando todo con ojos de impunidad y encubrimiento.
En consecuencia, estamos en un momento histórico interesante, donde el peso de la realidad y los hechos (notitia criminis) exigen, ante la ausencia de fiscalización de un Congreso de la República que cogobierna con Boluarte y Schialer, que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, o los fiscales contra la corrupción de funcionarios como Alcides Chinchay, Rosario López o José Timarchi, junto al vocero de esta entidad que persigue el delito, el ex fiscal Víctor Cubas Villanueva, y la secretaria general Ana María Velarde Roa, le digan a los 34 millones de peruanos que el sistema todavía funciona y que nadie se puede burlar ni abusar del Estado de Derecho, sobre todo cuando ahora, acaso por primera vez en la historia, existe la Carpeta N° 506015505-2025-144-0, mediante la cual se investigará a los que resulten responsables del supuesto delito del tráfico de influencias.
Empero, según evolucione la investigación, la lista de ilícitos penales puede incrementarse, mucho más cuando hay pruebas, declaraciones y testimonios irrefutables. Por ejemplo, la confesión pública (mediante carta) del exservidor Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, del 30 de mayo del 2024, quien fue chef en la embajada del Perú en Israel, y señaló con nombre propio la relación de supuestos funcionarios abusivos de la Cancillería del Perú que actuarían al margen de la ley.
