El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, responde a los cuestionamientos sobre la inscripción del partido de Antauro Humala y el pedido de revocatoria contra el mismo que presentó el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.
«Quien tiene que portarse antidemocráticamente es la organización política a partir de la inscripción del partido. Existen disposiciones que prohíben la postulación de personas que han sido condenadas, y el señor Antauro Humala no es dirigente no forma parte de los comités, según me he enterado, en su partido», explicó el representante del Jurado Nacional de Elecciones.
Además, aclaró que: “No existe un partido ANTAURO. Formalmente no está inscrito en el ROP. Está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene siglas, no está así”.
El titular del JNE, se refirió sobre el condenado por el levantamiento armado del Andahuaylazo y aclaró en entrevista televisiva, que una «persona condenada por delitos» estaría impedida de ejercer responsabilidades dentro del partido y funciones políticas, «salvo que el TC diga otra cosa, porque dijo algo distinto en relación a los condenados por terrorismo que cumplieron su pena».
«El Congreso tiene que formalizar lo que consideren que falta para que se pueda proceder de modo diferente. Tiene que otorgar líneas autoritativas. Nadie puede castigar la suspensión o no inscripción, la separación o la expulsión. Son sanciones que solo se ponen cuando la ley lo habilita, y no estamos habilitados para hacer eso en la inscripción», acotó.
Salas Arenas aseveró que, no pueden fiscalizar el comportamiento de un integrante de una agrupación política y que, en el caso del partido político de Antauro Humala, se corroboró que no hubo incumplimiento de los requisitos para su inscripción.
«Si su compartimiento [de la organización política] deviene en actos antidemocrático, el JNE no puede reevaluar porque no está en la ley, sino poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de los dos únicos órganos que son competentes para ese proceso: la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo», concluyó.
