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Presidente de Filipinas ordena detener a sujetos que utilicen mal la mascarilla

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Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ha ordenado recientemente a los efectivos policiales de su país detener por un plazo máximo de 12 horas a las personas que no lleven la mascarilla correctamente, incluyendo esto que se utilice incorrectamente como por ejemplo llevarla debajo de la nariz.

Esta medida extrema se debe a que en el país asiático el rebrote del coronavirus ha llegado con fuerza.

El jefe de Estado lanzó esta nueva directiva después de una reunión del grupo de trabajo sobre la COVID-19, según un video transmitido por sus servicios el miércoles por la noche, y en el que se ve que todos llevan la máscara, excepto él.

Miles de personas fueron sancionadas por violar las normas establecidas para luchar contra el coronavirus desde que se reforzaron las restricciones en la capital y las provincias vecinas, a finales de marzo, debido a un brote de casos.

El ministro de Justicia y el jefe de la policía instaron a los agentes a imponer multas o servicios comunitarios a los infractores, en lugar de detenerlos, tras la muerte de un hombre que, por violar el toque de queda, fue obligado a realizar un centenar de flexiones por la policía.

Pero Duterte afirma que los policías deben mostrarse intratables con las personas que llevan mal la máscara.

El año pasado, el jefe de Estado, conocido por sus declaraciones exageradas, a veces sus insultos, afirmó que las fuerzas de seguridad debían abrir fuego contra quien creara “desorden” en zonas confinadas, lo que le había valido fuertes críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La asociación de derechos humanos Karapatán denunció una directiva “no científica e ineficaz”, así como un “uso desproporcionado de la fuerza”.

Ya en nuestro país algo parecido se implementó a inicios de año cuando el Gobierno Central creó los centros de retención para aquellas personas que no acataran el toque de queda o no siguieran las pautas de bioseguridad. Esta medida, también fue planteada por la creciente cifra de infectados y que posteriormente conllevó a una segunda ola en el Perú. El plazo máximo de retención de un ciudadano como se recordará era de 4 horas. Esta medida, asimismo, fue duramente cuestionada de inconstitucional.

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