Y finalmente se partió el lápiz. Lo que un día fueron abrazos efusivos y puños levantados, ahora solo queda el vago recuerdo de una alianza por conveniencia. Pedro Castillo, profesor de escuela rural, llegó a la presidencia gracias al partido Perú Libre, quien lo recibió de brazos abierto viendo en él la figura oportuna para sus aspiraciones. Un hombre que decía ser de campo, provinciano, profesor, era el personaje perfecto para ‘vendérselo’ a los ciudadanos que viven hastiados de los políticos tradicionales. Hasta ayer, esa historia llegó a su fin.
Ayer por la tarde, el mandatario presentó su carta de renuncia a la agrupación política Perú Libre, luego de que dicho partido le solicitara el pasado martes tomar esta decisión.
Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario compartió un documento presentado ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que da cuenta de su decisión de renunciar al partido Perú Libre.
Asimismo, el jefe de Estado adjuntó sus datos personales, a fin de que se disponga su desafiliación de esa organización política.
Según señaló, la decisión de renunciar al partido de Vladimir Cerrón, obedece a su responsabilidad como Presidente de la República. Sin embargo, dijo que respeta las bases que Perú Libre construyó durante la campaña electoral.
Comisión de Fiscalización aprobó en mayoría acusar a Pedro Castillo
Por si fuera poco, ayer por la tarde también la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó en mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El informe también concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/. 232.5 millones, habrían dado dinero al jefe de Estado a través de la lobista Karelim López.
La empresa Tapusa, que conformó el referido consorcio, también habría entregado dinero al entonces ministro y hoy prófugo Juan Silva, a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso y ha dado información sobre el caso.