El mandatario Pedro Castillo Terrones ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, informándole que se ha observado la autógrafa de ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza, regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política.
En la misiva, se aprecia a leer que “la autógrafa de ley altera el sistema de balance de poderes y el equilibrio entre las potestades del Legislativo y el Ejecutivo”.
De esta manera, el Gobierno no acepta la propuesta del Legislativo, que, como es sabido, se aprobó el pasado 16 de setiembre con el objetivo de “interpretar” la aplicación de la cuestión de confianza desde el lado del Ejecutivo.
Esta norma propone que la facultad del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Estado para solicitar cuestiones de confianza se limite “a materias del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de sus políticos de gobierno”.
De la misma forma, se señala que no se podrá realizar la medida constitucional sobre “la aprobación o no de reformas constituciones o que afecten a procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.
