Alto al crimen. El congresista Juan Burgos (no agrupado) presentó un proyecto de ley con el fin de tipificar los elementos que incrementan la inseguridad ciudadana —como robos, homicidios, violencia doméstica, secuestros, entre otros—, como el delito de “terrorismo urbano”.
De acuerdo al documento, la finalidad es “reducir los índices de delincuencia y violencia, así como, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y la paz pública”.
Para ello, pide incorporar el artículo 315-B del Código Penal en los siguientes términos: “El que, de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años”.
Mientras que las personas que usen armas, artefactos explosivos o generen la muerte de una persona deberán afrontar una pena no menor de treinta años. Sobre las leyes derogadas, indicó que serán todas las “leyes que se opongan o contradigan la presente”.
El parlamentario expuso que, para abordar estos temas, “es necesario implementar políticas integrales que incluyan aspectos como la prevención del delito, la aplicación efectiva de la ley, la rehabilitación y reintegración de delincuentes, así como la promoción de la participación ciudadana y la creación de entornos seguros”.
“Teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana está generando un gran impacto en la calidad de vida de las personas, afectando su sensación de seguridad, confianza y bienestar, y, sobre todo vulnerando sus derechos fundamentales, es que consideramos que está plenamente justificada la tipificación del delito de terrorismo urbano, ya que servirá como un instrumento importante para garantizar la paz social”, se lee en la autógrafa.
Sobre los costos, el documento no precisa montos, pero indica que se deberá destinar un presupuesto para “la elaboración de nuevos programas para la reinserción social, rehabilitación y aumento de la población penitenciaria”.
De aprobarse, dejarían de haber sanciones de acuerdo al delito; por ejemplo, el robo, sicariato y violencia doméstica, ya no tendrían distintos castigos y años en cárcel, sino que pasarían a dividirse en dos grupos, dependiendo de si hay uso de armas y muertes.