Política
Presentan proyecto de ley para declarar en emergencia el sistema penitenciario
Congresista de APP presentó un proyecto de ley que plantea declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario y propone que el INPE tenga la facultad de crear colonias agrícolas, agropecuarias e industriales y así reabrir la Colonia Penal de Sepa, en la Amazonia.
La investigada legisladora de Alianza para el Progreso, María Grimaneza Acuña Peralta, presentó un proyecto de ley que propone declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional hasta el año 2030.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
La iniciativa plantea que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tenga la competencia de crear colonias agrícolas, agropecuarias e industriales en lugares más cercanos a las ciudades. Además, en áreas establecidas mediante acuerdos con las regiones que cuenten con tierras irrigadas y tengan el potencial de transformarse en centros penitenciarios productivos para reeducar a los presos y, sobre todo, mantenerse por sí mismos, evitando así ser una carga para el Estado.
«Es necesario la declaratoria de emergencia del Sistema Penitenciario Nacional y la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, y cabe señalar que el proyecto de ley, no contiene materias de competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego».
En ese sentido, se propuso construir penales en la isla de San Lorenzo y la Colonia Penal de Sepa, la cual cuenta con 38 mil hectáreas en medio de la Amazonia de la región de Ucayali. Esta empezó a funcionar en el año 1951 y dejó de hacerlo en el año 1987, pero podría convertirse en una colonia agrícola autosostenible.
Beneficios de colonias agrícolas
El plan penitenciario nacional propuesto por la comisión encabezada por Alfredo Solf, recomienda la reapertura del Sepa, con un presupuesto de S/ 8 millones de soles, indicando que la inversión necesaria para establecer la capacidad operativa en el primer año sería de 1 millón 400,000 soles y que las grandes ventajas de este penal comenzarían a verse, a partir del segundo año, cuando los presos logren autoabastecerse a través de la actividad agropecuaria.