Presentan proyecto de ley para clausura inmediata de almacenes clandestinos
Iniciativa legislativa de la bancada de Renovación Popular, pretende ‘darle una mano’ a las facultades fiscalizadoras del alcalde López Aliaga, porque propone la obligación de resarcimiento mediante reparación o reposición, en caso que cualquier usuario cause daño a bienes municipales.
La bancada de Renovación Popular, a través de las parlamentarias Norma Yarrow y Patricia Chirinos, presentó el proyecto de ley n.° 10497/2024-CR que establece la clausura inmediata de almacenes de naturaleza clandestina. Esta iniciativa también establece mejorar la fiscalización y multas para cualquier infractor que atente contra la seguridad y los bienes públicos, en especial los asignados a las municipalidades.
Proyecto de ley n.° 10497/2024-CR establece clausura de almacenes clandestinos.
Proyecto busca facilitar labor de López Aliaga
En el documento, se lee que el objetivo de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley n.°27972), y la derogación de artículos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, permitiría «fortalecer las facultades de fiscalización municipal sobre el uso indebido de inmuebles», y se establecería «medidas de inspección, sanción y clausura inmediata» bajo la normativa de zonificación y seguridad urbana.
López Aliaga justificó su ausencia en incendio: “Vengo de un mundo corporativo, yo soy un alcalde gerente”.
Asimismo, se pretende sancionar a cualquier usuario que cause daño a bienes municipales. La medida obligaría al infractor asumir el costo de reparación o reposición mediante la empresa concesionaria a cargo del mantenimiento. Para ello, las dos parlamentarias sugieren que se incluya un nuevo inciso en el Artículo 49° de la Ley N°27972, a fin de que se establezca formalmente en la normativa municipal.
“Todo usuario que, por acción u omisión, causa daño a un bien mueble o inmueble de propiedad de la Municipalidad deberá asumir el costo de su reparación o reposición del daño ocasionado. El pago se efectuará a través de la gerencia concesionaria (…), encargada del mantenimiento y conservación del bien afectado», se lee en el documento legislativo.