Primero la pensión, luego la diversión. La congresista Diana Gonzales Delgado de la bancada de Avanza País acaba de presentar el Proyecto de Ley (PL) N° 9890/2024-CR que restringe el ingreso de deudores alimentarios a eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento, incluidos partidos de fútbol y conciertos.
La iniciativa modifica la Ley 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estableciendo que las entidades organizadoras, empresas o plataformas de venta de entradas de eventos deportivos y espectáculos de entretenimiento tendrán prohibido vender boletos a personas inscritas en dicho registro.
Asimismo, los organizadores, empresas y plataformas deberán consultar periódicamente el REDAM y actualizar sus sistemas para evitar que personas inscritas en el registro puedan adquirir entradas. Las actualizaciones se realizarán de manera trimestral.
La legisladora de Avanza País sostuvo que la medida tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de los menores de edad y combatir la impunidad de los deudores alimentarios. “El incumplimiento de las obligaciones alimentarias tiene un impacto negativo en la vida de niños y adolescentes, quienes experimentan carencias en su alimentación, educación y cuidado de su salud” manifestó.
De acuerdo al texto, la norma «se basa en la noción de justicia social y la necesidad de promover una sociedad más equitativa«. De acuerdo a la legisladora, esto no incurre en ninguna falta ya que, al contar con dinero para comprar una entrada a un evento deportivo o de entretenimiento, se asume de igual manera que podría ser destinado a las obligaciones legales con los hijos.
La parlamentaria resaltó que, aunque la creación del REDAM representó un avance, no ha sido suficiente para frenar esta problemática. “Actualmente, muchos deudores pueden destinar recursos a entradas para eventos deportivos o espectáculos que, en algunos casos, superan el monto de la pensión de alimentos que adeudan”, señaló.
Finalmente, indicó que su propuesta busca generar un cambio de conducta en los deudores morosos, incentivando el cumplimiento de sus obligaciones. Además, de reforzar el mensaje de que los derechos de los niños y adolescentes deben prevalecer, sentando un precedente sobre la responsabilidad parental.