Política
Presentan PL para la creación de tribunales sin rostro para delitos de crimen organizado
Iniciativa del congresista Juan Burgos busca resguardar de los magistrados y fiscales que vean casos relacionados a organizaciones criminales.
¿Volver a los jueces sin rostro como en la época del terrorismo? El congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, presentó un Proyecto de Ley (PL) que autoriza al Poder Judicial (PJ) la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado.
El propósito de la iniciativa N.º 6929/2023-CR, según indica, es preservar la identidad de los magistrados involucrados en estos casos y fortalecer la lucha contra la criminalidad.
Para ello, plantea modificar la Ley 30077, Ley que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, a fin de disponer que sea secreta la identidad de los magistrados.
“La identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento, y, sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial”, indica la propuesta.
Asimismo, establece que los fiscales y jueces no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el PJ.
En las disposiciones complementarias, la propuesta dispone que el PJ establecerá el procedimiento de creación de tribunales sin rostro, y, en un plazo de 120 días, deberá disponer la creación de códigos para los magistrados y fiscales que participen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado.
El parlamentario fundamenta su propuesta señalando que la inseguridad ciudadana generada por el crimen organizado es un problema recurrente y preocupante en el país, que el accionar de las bandas de alta peligrosidad genera un nivel de inseguridad alto y que se han registrado amenazas contra magistrados.
“La situación actual de violencia que vivimos hace necesario que busquemos alternativas para erradicar la criminalidad e inseguridad, preservando la identidad de los magistrados y fortaleciendo la lucha contra la criminalidad”, sostiene la iniciativa.
Con información de Andina.