Presentan nueva denuncia contra ex mandatario Francisco Sagasti y miembros del JNE

Por la presunta comisión de los delitos de avocamiento ilegal de proceso en trámite, atentados contra el derecho de sufragio, obstrucción a la justicia, negativa del magistrado a administrar justicia, y prevaricato, en agravio al Estado, el ex mandatario Francisco Sagasti, su ex premier Violeta Bermúdez, y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encabezados por su   titular, el juez Supremo Jorge Luis Salas Arenas, han sido denunciados últimamente por ser partícipes activos de las últimas elecciones presidenciales donde salió ganador Pedro Castillo. Se les acusa de haber favorecido su nombramiento.

Por intermedio de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la carpeta fiscal N° 141- 2021 señala que los denunciados habrían interferido, tanto desde el Ejecutivo como desde el propio JNE, en los resultados de los últimos comicios presidenciales. En el documento se lee que el ex jefe de Estado se pronunció al respecto indicando que el proceso electoral se realizó de manera “limpia” y “transparente”, agregando que “no hay ningún indicio que nos haga sospechar que estamos ante una situación ‘irregular’”, significando para el denunciante que eso fue una “injerencia por parte del Poder Ejecutivos sobre los miembros del Pleno del JNE”.

Asimismo, continúa la denuncia “les atribuye a los miembros del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, Jorge Armando Rodríguez Vélez, y Jovián Valentín Sanjinez Salazar, las siguientes conductas: 1) evitar procesos múltiples impugnaciones que sustentarían la presunta existencia de un fraude masivo en las elecciones presidenciales 2021; 2) omitir exigirle al RENIEC y a la ONPE el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a fin de hace válido y legítimo dicho proceso electoral; 3) impedir u obstaculizar la aportación y actuación de pruebas ofrecidas por la parte que se considera perjudicada, respecto a la existencia de un presunto fraude electoral; 4) omitir cumplir las obligaciones constitucionales que le son propias (fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, apreciar los hechos con criterio de consciencia, administrar justicia en materia electoral, asegurar que el escrutinio se el real reflejo de la voluntad popular).

Dichos actos habrían sido cometidos con el fin de obtener para sí el beneficio indebido de sus respectivas validaciones políticas, en el mantenimiento del cargo.” Concluye los fundamentos de hecho.

Esto, sin lugar a dudas, mantiene abierta la idea de un presunto fraude electoral que pregona la bancada naranja conocidos los resultados electorales del 6 de junio.