Política

Premier Aníbal Torres y ministro Félix Chero son sindicados de pertenecer a la presunta organización criminal encabezada por Pedro Castillo

Ministerio Público los incluyó en investigación preliminar.

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Golpe por golpe. Las caras más visibles del Consejo de Ministros ahora son investigados por el Ministerio Público luego de que se incluyera al primer ministro Aníbal Torres y al ministro de Justicia, Félix Chero, en la investigación preliminar que se sigue a la supuesta organización criminal liderada por el jefe de Estado, y que también se encontraría inmersa parte de su entorno familiar.

¿Y ahora quién? Pareciera ser eso lo que se pregunta el mandatario pues ninguno de su entorno se salvaría. Foto: Andina.

Se trata de dos nuevos ministros que se suman al caso que investiga el equipo especial contra la corrupción del poder. Por este caso ya está siendo investigado el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado.

La Fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal”, se lee en el mensaje de la fiscalía compartido en Twitter.

“De esta manera, se amplía la investigación preliminar correspondiente a la carpeta fiscal N° 124-2022, en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por Encubrimiento Personal y Organización Criminal”, agregó la institución.

Fuente: Ministerio Público.

Según la investigación contra el jefe del Estado, en los puestos más altos del Ejecutivo se habría instalado una organización criminal que, en primer lugar, tenía como objetivo colocar a personas de su confianza en puestos clave para después otorgar las licitaciones públicas fraudulentas.

En esta supuesta organización criminal participarían también familiares como su esposa, la primera dama Lilia Paredes, y su cuñada, Yenifer Paredes, quien actualmente viene cumpliendo una orden de 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres Santa Mónica, de Chorrillos.

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