Se puso su armadura, cogió la lanza y sujetó bien su escudo. Si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no quiere salir a declarar a los medios de prensa, los que sí dan la cara por ella son sus ministros, y el que encabeza a todos ellos, siempre con cara de pocos amigos, es el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ofreciéndose como ‘chaleco’ de la jefa de Estado.
Tras sustentar las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuarto bimestre 2024, en la Comisión de Presupuesto del Congreso; el jefe del Gabinete rechazó los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con la mandataria.
“Miente. Falso”, respondió notablemente incómodo ante la pregunta sobre las declaraciones de Henry Shimabukuro. «Señorita, por favor, ¿de qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media, y lo dan, por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor«, manifestó.
Ejecutivo insistirá en la ley de terrorismo urbano
De otro lado, Gustavo Adrianzén señaló que el Poder Ejecutivo insistirá con el proyecto sobre terrorismo urbano y pidió que el Congreso de la República invite a los ministros para participar en el debate de un tema, que afirmó, «es sumamente controversial».
“Nosotros creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje, a las cosas hay que llamarlas por lo que son, y esto se llama terrorismo urbano”, expresó.
En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que el Ejecutivo tipifica con absoluta claridad el terrorismo urbano y que la disposición complementaria planteada por el Ejecutivo se hizo pensando en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ya que “merecen la protección constitucional legal” para realizar sus actividades cuando se actúe en estados de excepción.
«Lo único que estamos haciendo, es decir, que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando, ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto», aseguró.
