Premier Adrianzén no descarta remover a Harvey Colchado por tumbarle la puerta del domicilio de Dina Boluarte

A la presidenta de la República, Dina Boluarte, no le gustó para nada que hayan roto la chapa de su puerta de ingreso de su vivienda el pasado viernes 29 de marzo durante las diligencias de allanamiento de la Fiscalía. La incomodidad de la mandataria inmediatamente se lo habría hecho saber a su primer ministro, Gustavo Adrianzén, quien citó al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, para conversar diversos temas relacionados al allanamiento.

“No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado”, dijo a la prensa dos días después del allanamiento del domicilio presidencial y del Palacio de Gobierno como parte de la investigación que enfrenta la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito.

Según el dominical Punto Final, Zanabria solicitó un informe respecto a si hubo un plan de operaciones en ese operativo donde participó Colchado, y por lo cual el Gobierno lo removería en las próximas horas. “No se imaginan el daño profundo que le causa a la imagen Perú este tipo de cosas. No es común, que en los países ocurra, que vayan y la revienten la puerta a la casa de la presidenta”, comentó el premier al respecto.

“Por ese simple hecho, yo creo que resulta desproporcional la medida que se adoptó. Creo que pudieron haber seguido tocando la puerta, que pudieron haber esperado un poco más. ¿Qué se dijo desde adentro? Necesitamos esperar que venga el abogado. No esperaron ni siquiera 10 minutos, eso me parece un exceso”, agregó.

Como se recuerda, la casa de la presidenta fue allanada cerca de la medianoche del último viernes por un equipo de 40 fiscales y agentes policiales, quienes rompieron la cerradura de la puerta principal al no ser atendidos. La diligencia buscaba registrar los relojes de lujo de la marca Rolex, cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.

Aunque el allanamiento fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, la jefa de Estado lo calificó como arbitrario, abusivo y desproporcionado. Posteriormente, solicitó a la Fiscalía que le tome declaración “de forma inmediata” en vista de “la turbulencia política” que está produciendo la investigación en su contra.