El ‘Gran Hermano’. Los prefectos y subprefectos designados presuntamente por Nicanor Boluarte, hermano mayor de la mandataria, eran obligados a “colaborar” con aportes económicos a favor del partido político Ciudadanos por el Perú, según indicó la Fiscalía durante la audiencia de prisión preventiva contra los implicados en el caso ‘Los waykis en la sombra’.
Melisa Angulo Mantilla, representante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), mencionó que por información de un aspirante a colaborador eficaz pudieron establecer que los prefectos y subprefectos nombrados bajo la aparente aprobación de Nicanor Boluarte eran obligados a dar un pago para los gastos requeridos para la conformación del partido político en mención.
Un caso expuesto previamente por la Fiscalía es el de Flor María Chauca Sánchez, quien fue presuntamente designada prefecta regional de Lima bajo la venia de Nicanor y, según la tesis de la Fiscalía, aportó 9 mil soles para un evento económico que aparentemente tenía como finalidad recaudar fondos para Ciudadanos por el Perú.
El Eficcop planteó el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte (hermano de la presidenta Dina Boluarte), Mateo Castañeda (exabogado de la jefa del Estado), Jorge Luis Ortiz Marreros (extitular de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior), Jorge Chingay Salazar (amigo de Nicanor Boluarte), Noriel Chingay Salazar (exprefecto Regional de Cajamarca) y Zenovia Herrera Vásquez (exjefa del programa Qali Warma de la región de San Martín) por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.
La tesis fiscal refiere que Nicanor Boluarte sería el líder de esta supuesta red criminal al haber ejercido poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha organización política.
“Nicanor Boluarte permanentemente se comunicaba con los coordinadores a nivel nacional para que le informen sobre cómo se iba llevando a cabo las filiaciones, quiero precisar que las tareas de afiliar personas eran realizadas por los prefectos regionales y subprefectos tanto provinciales como distritales”, declaró el testigo clave Ugarte Nina, según cita el dominical Cuarto Poder.