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PPK y Odebrecht provocan despido de Katherine Ampuero y Julia Príncipe

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Una vez más el gobierno de PPK demuestra que su anunciada lucha anticorrupción que difundía durante su campaña electoral fue más que un embuste.

¿Hasta cuándo la impunidad dejará de blindar a aquellos gobernantes que han venido burlándose de sus electores? Alejandro Toledo (prófugo de la justicia); Alan García; y Ollanta Humala (preso preventivamente). Realmente es una vergüenza para el país haber tenido mandatarios involucrados con la corrupción.

En el caso de PPK el asunto parece no ser diferente, pues, desde que empezó su mandato se vio esquirlado por su asesor Carlos Moreno que se ufanaba de ser muy cercano a él, y concertaba tratos para hacer un negociazo a través del SIS; posteriormente, el notorio afán del gobierno de querer defender un contrato para favorecer al consorcio Kuntur Wasi por el caso Aeropuerto Chinchero en Cusco.

El gobierno de PPK vuelve a la vieja práctica de amedrentar a su staff de funcionarios del Estado, para favorecer a intereses de terceros; y aquellas procuradoras que representan una piedra en el zapato de su gestión, deben ser separadas. Precisamente, los ministros de Justicia se prestan para hacer cumplir las órdenes de su “jefe estadista”; como sucedió en diciembre de 2014 con la exprocuradora adjunta Yeni Vilcatoma que fue separada de su cargo por orden de Ollanta Humala, que le dio la razón a su titular de Justicia Daniel Figallo cuando éste presionaba a la hoy congresista para que no ahonde en las investigaciones contra Martín Belaunde Lossio; y en el colmo de su actitud servil con el gobierno, Figallo le espetó en la cara: “Odebrecht pone y saca presidentes”.

No obstante, el cogobierno Humala-Heredia no pudo con su genio, y al año siguiente en el mes de octubre, ordenaron a su cobarde ministro de Justicia Gustavo Adrianzén que despida a la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe, precisamente, por investigar a Nadine Heredia y sus agendas; y efectivamente ella fue separada.

Ahora se repite aquella falaz modalidad en este gobierno, que apenas en un año de gestión ya se viene desmoronando cual castillo de naipes. La ministra de Justicia Marisol Pérez Tello que funge de mandadera de PPK y Zavala, despidió a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe; y a su procuradora ad hoc para el caso Lava Jato Katherine Ampuero por razones subalternas. Evidentemente, Pérez Tello de forma ingeniosa se ratifica en su decisión, y viene argumentando a los medios periodísticos que se ha ceñido únicamente a sus criterios técnicos.

Con respecto a la separación de Ampuero; ella arguye que la exprocuradora perdió su confianza porque no cumplió con la ley (Decreto de urgencia Decreto de Urgencia N° 003-2017); al plantear la medida cautelar de pedido de inhibición que además fue declarado fundado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; y como consecuencia de ello, Odebrecht ya no podría vender Olmos, y por ende, no podría cumplirse con una reparación civil.

Katherine Ampuero.

Sin duda, los conflictos de intereses  siempre estarán en el quehacer político, y aquellos intereses salpican incluso a abogados con trayectoria que se “acomodan” de acuerdo al viento que sople con dirección a sus bufetes; ellos apoyan la decisión de la ministra Pérez Tello; e incluso, el lambiscón (lo ha sido durante 18 años en Canal N) Jaime de Althaus ayer en su artículo de opinión en el diario de la concentración, hace ver que los que critican los despidos de las abogadas, son predecibles, y demagogos, porque no ven el tema de fondo.

A Príncipe la expectoran de su cargo público, y encima le hacen gargamontón con un sinnúmero de críticas en su contra. Aquí se pretende que no salgan a la luz más políticos y empresarios que están ligados al caso Odebrecht

Definitivamente se ha incurrido en una flagrante injerencia política que viene desde arriba, al margen del divorcio que tiene la Fiscalía con la Procuraduría del Estado, en todo este tinglado donde se mueven a funcionarios como fichas de ajedrez, solo se busca cautelar los intereses de quien detenta el poder, así como su entorno empresarial, y en especial de la trasnacional brasileña. Aquel “poderoso” recurrentemente pisotea, y administra las opiniones, líneas, y principios, de algunos analistas, periodistas, y hombres de ley, que se convierten en los vasallos del régimen.

Julia Príncipe fiel a sus principios profesionales, se inmoló, y defendió el ejercicio profesional de Katherine Ampuero que no se amedrentó de pedir a la Fiscalía que investigue por la Interoceánica a un intocable PPK; de la misma forma que lo hizo con respecto a Alan García por sus vínculos con Odebrecht, y cuya investigación ya se encuentra en curso.

El gobierno insiste en creer que la Procuraduría del Estado está para defender sus intereses; y PPK piensa que Príncipe y Ampuero son sus abogadas personales. A ellas simplemente las sacaron por cumplir con su trabajo, que no es otra cosa que defender los intereses del Estado peruano. Por otro lado, es curiosa la coincidencia del encarcelamiento de los Humala-Heredia y la posterior separación de Julia Príncipe. ¿Acaso se trata de ocultar algo?

Esta nueva crisis política pone en jaque la imagen de Kuczynski a pocos días del 28 de julio; y simultáneamente Keiko Fujimori le escribe por twitter una sugerencia que más parece una orden; ella le pide la reposición de las procuradoras removidas.

Si eventualmente, PPK repusiera en sus cargos a Julia Príncipe y a Katherine Ampuero, entonces se demostraría que Keiko manda; y que probablemente, en el próximo mensaje a la nación se sepa la noticia del próximo indulto a Alberto Fujimori.

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