PPK LE MINTIÓ AL PAÍS Y PODRÍA SER VACADO

Que la bancada fujimorista en el Congreso tenga una encarnizada consigna de tumbarse al fiscal de la Nación, y a los magistrados del TC es un insensato ejercicio político que solo generará más desgobierno. Sin embargo, no se puede defender lo indefendible: un Poder Ejecutivo que se burló de sus electores porque lejos está de emprender su voceada lucha anticorrupción; y una Fiscalía de la Nación anti-acusadora y anti-investigadora, que ha tratado con guantes de seda a algunos personajes que ya han sido mencionados en las diligencias fiscales en Brasil por el caso Lava Jato.

Curiosamente, la primera legislatura parlamentaria concluye el 15 de diciembre, y por ello Fuerza Popular ya no tiene mucho tiempo, y viene insistiendo mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a través de sus votos para citar a su denunciado Pablo Sánchez. ¿Pero qué pasó repentinamente?

Resulta que el Ministerio Publico de manera formal ha iniciado investigación preparatoria a los representantes de las tres empresas peruanas socias de Odebrecht: Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales, e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA). Aquellos mandamases que ahora tendrán que rendir cuentas, y que habrían agravado al Estado con delitos de lavado de activos y colusión agravada, son José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martin Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey, y Hernando Alejandro Graña Acuña.

José Graña.

¿Por qué ahora la Fiscalía se muestra célere con esta nueva investigación y recién actúa? Si desde hace un año el representante de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró al Ministerio Publico que aquellos empresarios de la construcción conocían de la gran coima otorgada a Alejandro Toledo para la obra Interoceánica; no obstante, el propio MP se hizo de la vista gorda, y blindó a las constructoras mencionadas. La razón salta a la vista; aquella denuncia constitucional al fiscal Pablo Sánchez impulsada por los legisladores Yeni Vilcatoma y Daniel Salaverry ha dado sus frutos, y ha sido inevitable la presión al respecto.

PPK.

El caso PPK

Evidentemente un presidente no puede ser acusado porque goza de inmunidad presidencial durante el quinquenio de su mandato, tal como lo señala la Constitución en su artículo 117°. No obstante, PPK tampoco ha sido, ni es investigado, porque la fiscalía descartó hacerlo, sin embargo la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero cuando aún ejercía su cargo decidió hacerlo, por la relación y los nexos que tuvo Latin America Enterprise Fund Managers, (empresa de PPK) con Odebrecht; y aquella vez que le preguntó si había sido consultor de la empresa brasileña, él lo negó tajantemente, y además se mostró indignado. Hoy todos sabemos las consecuencias: ella fue separada a pedido de PPK de la Procuraduría de Lavado de Activos del Estado, al igual que Julia Príncipe por representar una piedra en el zapato al régimen PPkausa.

Asimismo, se ha develado que PPK en 2006 fue contratado por Odebrecht para dar una conferencia en su sede en Lima.

Ya no se puede tapar el Sol con un dedo  porque de acuerdo a un reportaje de IDL-Reporteros, el propio Marcelo Odebrecht en la reciente diligencia del 9 de noviembre en Curitiba declaró a los fiscales peruanos José Pérez Gómez, Rafael Vela, y Walter Villanueva: que sí contrató a PPK en 2006 como consultor de su empresa constructora para temas de economía luego de concluido el gobierno de Alejandro Toledo; y además aseveró que su empresa financió las campañas de los principales candidatos presidenciales en las elecciones de 2011 en Perú, y con respecto a “Peruanos por el Kambio” dijo que estaba entre los partidos favoritos para su financiamiento, y que sobre el monto exacto: “Eso lo sabe Barata”.

El presidente ha mentido al país entero, y se ha dado el lujo de responder un cuestionario escrito a la comisión Lava Jato del Congreso, sin haber recibido previamente las preguntas; y en ese mismo cuestionario niega enfáticamente que fue financiado por Odebrecht, y que nunca tuvo vínculo alguno con la empresa brasileña.

Si aquella información con respecto a PPK es confirmada de manera formal por los fiscales titulares del caso Lava Jato, entonces se configuraría una incapacidad moral para gobernar, porque mentir es un acto inmoral; y aquella mentira se agrava más si viene de un mandatario a más de 30 millones de peruanos. Por lo tanto, el Congreso de la República, independientemente de realizar una cacería de brujas y/o una manipulación política contra el gobierno, puede declarar legal y legítima la vacancia presidencial; porque la Constitución lo ampara, justamente, en su artículo 113° La  Presidencia de la Republica vaca por:

1. Muerte del Presidente de la República.
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

A menos de año y medio de gobierno, el régimen de PPK además de haber favorecido los intereses de grandes consorcios, en desmedro del tesoro del Estado y de la clase trabajadora, ha demostrado que la corrupción también es parte de su mandato; y por tanto su proclamada lucha anticorrupción no es más que el embuste de siempre cuando un candidato pretende la presidencia.

El escenario político en el Perú es como una partida de ajedrez donde cada una de las piezas estratégicamente juega un rol importante; y esta vez los caballos, los alfiles, las torres con sus enroques, y los peones no desfallecen en su tarea de defender a su rey; sin embargo, al final de la partida (y solo es cuestión de tiempo) será inevitable conseguir el jaque mate respectivo a quien le corresponda.