PPK favorece con s/ 375 millones a grupo de empresas chilenas por casas prefabricadas

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski gastará 375 millones de soles en la construcción de 25 mil módulos temporales de vivienda para los damnificados del Niño costero. Aquellos módulos son una especie de quiosco que tienen un área de 18 metros cuadrados, sin baño, ni cimientos (se construye encima de unos tacos de madera), ni servicios de agua y desagüe. Están construidos de madera pino y se hallan techadas con una estructura de plástico. El problema de estas viviendas es que no pueden constituirse como un patrimonio propio para los damnificados, porque no contarán con títulos de propiedad.

Aquellos quioscos que el propio PPK llamó “casas de cartón”, tienen un costo de 15 mil soles, y tienen un tiempo de vida de no más de 3 años. Entre tanto, la viceministra de Vivienda Carmen Cecilia Lecaros celebra las adquisiciones, y afirma que mejoran las condiciones de vida de los damnificados, en lugar de vivir en carpas. Añadió que obedecen a una fase de rehabilitación, porque en el mes de octubre vendrá la fase de reconstrucción a través del programa techo propio.

Especialistas como Guillermo García y Javier Moreno, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación de Entidades Técnicas APETS han denunciado hace unos días que es imposible que un módulo de aquellas características cueste 15 mil soles. Ellos tienen experiencia en construir viviendas desde hace varios años, y luego de consultar a muchos proveedores del rubro, llegaron a la conclusión que el costo de cada módulo no supera los 5 mil soles. ¿Quién se favorece con aquel sobrecosto de 10 mil soles? Evidentemente, el grupo de empresas ganadoras como: Eternit (de capitales belgas, Nexos Comerciales SAC, Estructuras Industriales EGA SA (de capitales chilenos), Tecno Fast SAC. (De capitales chilenos), Técnicas Metálicas SAC, Inversiones y Fabricaciones Karen SAC, Akstarcom SAC, Nexos Comerciales SAC, y Onduline Peru SA.

Entonces ¿De qué inclusión estamos hablando? cuando existen más de 600 micro y pequeñas empresas peruanas especializadas en el rubro que han sido discriminadas para favorecer a las empresas grandes, y que cobran precio triplicado. No por algo el Ministerio de Vivienda aprovechando la coyuntura de emergencia, y respaldado por el Decreto de Urgencia 004-2017, de forma muy diligente se basó en la Ley de Contrataciones del Estado que no discrimina los capitales extranjeros al momento de seleccionar a las empresas. Sin embargo, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado de Osce, las empresas mencionadas enviaron sus propuestas al correo del portal institucional el 19 de mayo a las 19.56 horas; y apenas al minuto siguiente, a las 19.57 el propio ministerio de manera célere otorgó la buena pro a la empresa Eternit S.A.

Ahí se estaría vulnerando el principio de libre competencia, y de igualdad de trato.   Claramente se vislumbra que no hay un favorecimiento directo hacia los damnificados, con el pretexto de darles rápidamente un lugar para vivir. El MVCS adecuó su plan de trabajo en 3 fases: de la emergencia, de la rehabilitación, y finalmente, de la reconstrucción. Vale decir que el gobierno recién está ejecutando la fase de rehabilitación, y por el momento está invirtiendo el presupuesto en los módulos temporales; sin embargo, cuando llegue la fase de reconstrucción, va a gastar el doble.

Los directivos de APETS Guillermo García y Javier Moreno, opinan que no debe gastarse el doble del presupuesto, porque aquellos módulos en poco tiempo se desecharán para reemplazarlos por los módulos permanentes. El gasto será de 20 mil soles adicionales para un nuevo módulo que tendrá la condición de “permanente”; lo que incrementaría el costo final de cada vivienda a 35 mil soles; a diferencia de los 19 mil quinientos soles que cuesta una casa de material noble de 35 metros cuadrados, con buenos cimientos, preparada para un segundo piso, un baño, un dormitorio, y servicio de agua y desagüe, que construyen las empresas del APETS mediante su programa de construcción Sitio Propio; el mismo que ha sido detenido por el ministerio de Vivienda para favorecer a las empresas trasnacionales; no obstante, la viceministra Carmen Cecilia Lecaros arremete, y asegura que no es posible construir una vivienda por 19 mil soles, y que justamente esta semana emitirán un nuevo decreto de urgencia para empezar con la “reconstrucción” a través del programa techo propio.

Es doloroso admitir que en nombre de los damnificados el gobierno busca enriquecer a terceros privados al pretender regalar el dinero de todos los peruanos, pagando costos excesivos ¿acaso llegó la hora de pagar favores? La gestión de PPK sigue sin dar muestras de transparencia; sin embargo, ellos hacen ver que las cosas se han manejado de forma regular, porque aseguran que la Oficina de Control Interno OCI del propio ministerio está al pendiente del proceso; ¿y qué pasó con la Contraloría General de la República? Por lo pronto, todos esperamos que el flamante contralor Nelson Shack cumpla con su anuncio de reunirse pronto con Pablo de la Flor para seguir a fondo el proclamado proceso de reconstrucción de las regiones dañadas por el Niño costero. Aunque, los especialistas del Colegio de Ingenieros de Piura luego de una inspección en las zonas afectadas, determinaron que los módulos temporales no cumplen con las especificaciones técnicas que ordena el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) por tener una cantidad de deficiencias que las convierten en inseguras.

En Perú no funcionan los “zares”

La modalidad para elegir zares en el Perú para contrarrestar la corrupción y liderar reconstrucciones empezó en el gobierno del prófugo Alejandro Toledo que designó en 2001 a Martin Belaunde Moreyra como “zar anticorrupción” creando el Consejo Nacional Anticorrupción. Posteriormente, en 2007 en el gobierno de Alan García sucedió lo mismo: la zarina anticorrupción fue la magistrada Carolina Lizárraga, y al poco tiempo el mismo gobierno la desactivó. No obstante, el caso Forsur (Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos) fue la muestra palpable del fracaso de la designación de zares en el Perú. Aquella vez, luego del funesto terremoto del 15 de agosto en Pisco (Ica), el mandatario Alan García designó nada menos que al hombre de empresa Julio Favre como presidente de Forsur.

Felizmente, hoy todos conocemos los resultados de aquella aventura que dio como resultado  una mala gestión en la reconstrucción del sur, gracias a los malos manejos y a los actos de corrupción. Los pueblos de Pisco, Ica y Chincha aún no se recuperan, ni se reconstruyen en su totalidad.

Los zares en el Perú no funcionan, porque solo han demostrado ser oficinas burocráticas que dan pie a nuevas modalidades de corrupción con capacidades de administrar grandes capitales que no les corresponden; y para eso están los premieres con sus gabinetes ministeriales que deben abordar con liderazgo los problemas de su sector.

Más allá de impulsar su pintoresca campaña Una sola fuerza, lo más preocupante es ver a un PPK que no demuestra capacidad de estratega y/o líder para dirigir el programa nacional de reconstrucción, que por mandato constitucional solo le corresponde a él; por ello designó a Pablo de la Flor como el nuevo zar de la reconstrucción, un plenipotenciario interno que aún se dispersa en sus funciones.

La desgracia de El niño Costero que ha dejado en todo el país un saldo de 41 mil viviendas destruidas, ha significado un cambio radical en los temas de la agenda nacional; no obstante, el propio presidente PPK no desperdicia la oportunidad para justificarse y asociar sus desaciertos de gestión al fenómeno del Niño Costero, y al caso Lava Jato-Odebrecht; sin embargo, en su “genérico” mensaje a la nación contempló la urgente prioridad de reconstruir las 11 regiones afectadas, y las viviendas de los damnificados. Los saldos han sido más que catastróficos con más 293 mil damnificados, 158 muertos, y cientos de heridos. Así es nuestra historia que se repite cada cierto número de años a causa de la ineptitud de los gobiernos de turno que no les importa invertir en la prevención para llegar a contrarrestar los inminentes daños de los fenómenos naturales que ya son tradición en nuestras regiones. Dinero hay; sin embargo, nunca se ha construido ni reforzado nuevas estructuras de contención ante los huaycos. Sumado a ello, subsiste una generalizada corrupción que impide el desarrollo de las regiones gracias a un sistema de regionalización que ha sido un fracaso, y que no ha funcionado en el país gracias a la ineptitud de sus autoridades, y esa a mística pro-corrupta de gran parte de sus gobernadores; y el numero continúa creciendo: con 13 presidentes regionales procesados y presos.