Por Tino Santander Joo
En 1978 tenía 15 años y cursaba el cuarto año de media; eran épocas de agitación política y social en la que participábamos millones de estudiantes con la pasión romántica de los novatos. Nuestro querido profesor de Economía política nos llevó a la asamblea constituyente para entender el significado de los nuevos tiempos. Veinticinco estudiantes nos instalamos en las galerías del Congreso y pudimos escuchar el debate sobre la adhesión del Perú al pacto interamericano de San José de Costa Rica y por ende a la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los constituyentes Jorge del Prado, secretario general del Partido Comunista del Perú y Javier Valle Riestra del Apra.
Del Prado sostenía que la OEA era un anexo del imperialismo norteamericano y que ese tribunal violaría la soberanía nacional. Javier Valle Riestra, respondió que el pacto de San José tiene como antecedente la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos de Estrasburgo. En realidad, fue un intenso debate de gran nivel académico y político en las que participaron los constituyentes Aramburu Menchaca, Luis Alberto Sánchez, Cornejo Chávez, etc.
Ninguno de nosotros comprendíamos la naturaleza del debate ni la trascendencia histórica del mismo. Lo que si nos impacto fue que todos los constituyentes o la gran mayoría de ellos estaban preparados y sentíamos que hablaban con razón y pasión sobre el destino del Perú. Luego, en la década del 80 vimos a destacadas figuras de la izquierda y de la derecha en el parlamento nacional. En esa época los senadores y diputados no tenían asesores, ni despachos y sus sueldos no eran mas de cinco mil soles. Sin embargo, esas destacadas personalidades se perdieron en la grave crisis económica y en medio de la guerra interna fueron percibidos como los culpables de todos los males del Perú.
El autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992 tuvo el 80% de aprobación popular, porque, percibía a Fujimori como el luchador contra los privilegios de la partidocracia corrupta representada en la cámara de diputados y senadores. La derrota del senderismo y la reinserción del Perú a la economía mundial requería de una nueva Constitución que expresará los factores de poder real.
La constitución de 1992 fue redactada en los estudios de abogados que representaban los intereses de los grupos de poder económico encabezados por los bancos que creían que la revolución neoliberal impulsada por el thatcherismo y los conservadores norteamericanos era imparable. Los neoliberales peruanos tenían como referentes a los Chicagos Boys chilenos.
El fujimorismo no necesitaba una clase política en el parlamento, sino, una manada que se alineara sumisamente con el nuevo orden neoliberal reinante. El fujimorismo degradó la política con el unicameralismo y los hombres libres se apartaron. Los partidos desprestigiados se convirtieron en tribus sin ideas y no tuvieron capacidad de respuesta programática al programa neoliberal de los organismos internacionales. Los sucesivos congresos no representaron ideas sobre el país, sino intereses tribales, por eso, tenemos ladrones, violadores, y personajes surrealistas que viven del vulgar espectáculo en que se ha convertido la política.
El parlamento se convirtió en un establo, en un empleo para los mediocres, y en la tribuna para violar los derechos humanos de los adversarios políticos. Desde hace 30 años que el parlamento esta dirigido por los grupos de poder económico que promueven en los medios de comunicación a la lumpeneria de la política. Sólo la revolución social podrá devolverle dignidad al Perú.
