Por Umberto Jara
En las últimas semanas, ciertos jueces y fiscales han empezado a ser un peligro para la frágil democracia peruana porque están favoreciendo a quienes deberían estar presos o procesados y los favorecen para que puedan desestabilizar al precario gobierno de Dina Boluarte.
Empecemos por el caso de Aníbal Torres. Gozaba de espléndida salud el día en que el golpista Pedro Castillo fue detenido y actuó como su abogado. Cuando los hechos empezaron a mostrar su participación en el golpe de Estado, el agresivo Aníbal Torres se buscó como abogado a un ex magistrado corrupto llamado Duberlí Rodríguez, el mismo que solicitó quemar la Constitución del 93 emulando lo que el senderismo hacía en 1980. Entre Duberlí y Aníbal se inventaron el argumento de que el ex premier era un anciano que cargaba con una enorme cantidad de dolencias.
Me tomé el afán de ver la audiencia en la cual una valiente fiscal pidió la prisión preventiva del cómplice de Castillo, pero el magistrado a cargo de la audiencia, el vocal supremo César San Martín Castro, en una bochornosa actuación, concedió todas las ventajas a Aníbal Torres y llegó al extremo de admitir como pruebas informes médicos del año 2017 que supuestamente convertían al energúmeno Torres en un anciano lleno de achaques. De ese modo, negó el pedido de prisión preventiva y el vociferante Aníbal Torres quedó libre. En lugar de irse a reposar sus supuestos quebrantos de salud, volvió a las calles con sus desplantes y mensajes agresivos. Muy lleno de salud.
Existen evidencias de corrupción de Torres en el gobierno de Castillo y existen evidencias de que estuvo presente en Palacio de Gobierno el día del golpe. ¿Por qué César San Martín benefició de manera impune a Aníbal Torres? Por una razón política. San Martín es desde hace tiempo funcional al sector llamado caviar que está empeñado en desestabilizar al actual gobierno. Esta vez la contribución de César San Martín —que eligió desde hace un buen tiempo destruir su carrera de supuesto jurista— fue poner en la calle a un sujeto como Aníbal Torres que detesta y opera contra la democracia y eso es lo que hoy necesitan los amigos caviares del tremendo juez San Martín.
En esa misma línea asoma el falso héroe, el fiscal Rafael Vela Barba. Hace pocos días su famoso equipo Lava Jato decidió que Martín Vizcarra sea apenas un sujeto que recibió una coima hace muchos años. Increíble pero cierto. El equipo especial Lava Jato investigaba a Vizcarra por cinco delitos: colusión agravada, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, usurpación de función pública y asociación ilícita para delinquir.
A esa lista de delitos, se añadía aquel famoso audio de la activista Patricia del Río en el cual se escuchaba lo siguiente: “He estado conversando con el fiscal Vela durante todo este tiempo. El caso de corrupción de Vizcarra es de los más sólidos que tiene la Fiscalía, lo tiene la más seria del país. Vizcarra robó y de manera grosera, se le va a probar más rápido a él que a Keiko, incluso”.
Pues bien, el 23 de marzo los diarios peruanos anunciaron que Rafael Vela y su elenco después de años de investigaciones —con dinero nuestro, incluidos sus sueldos— decidieron ARCHIVAR CUATRO DELITOS de Vizcarra y lo han acusado tan solo por el delito de cohecho pasivo propio, es decir, el único pecado de Vizcarra fue recibir una coima en la construcción del hospital de Moquegua. Para el fiscal Vela, Vizcarra no cometió ningún delito como presidente de la República.
¿Por qué actúa así Vela? Porque está abriendo la ruta para la candidatura presidencial de Vizcarra, quien ya anunció que buscará judicialmente dejar sin efecto su impedimento para ejercer cargos públicos.
Hay más. Vela andaba muy silencioso y, de pronto, ha retomado su adicción por los reflectores para desplegar la función que mejor ejerce: la de operador político. Desde hace años es un operador político disfrazado de fiscal. Y en ese rol reapareció con su entonación meliflua para lanzar una frase típica de él: “Abrimos una nueva línea de investigación sobre la presidenta Dina Boluarte”.
Lo que ocurre es que fracasadas las revueltas “pacíficas” de los subversivos en el sur, los caviares insisten en capturar el poder y para ello necesitan desestabilizar y traerse abajo a Dina Boluarte. Las evidencias asoman: el magistrado San Martín libera a Aníbal Torres y el fiscal Vela le archiva casos a Vizcarra y anuncia ataques a Boluarte.
El espacio queda corto porque hoy la gente, me dicen, no lee textos largos de modo que hagamos solamente un listado de otros hechos que muestran a ciertos jueces y fiscales como actores en contra de la democracia que liberan a delincuentes. Veamos.
El apodado El Español fue capturado con graves cargos de espionaje y planes de asesinatos, pero en pocos días un juez lo dejó libre y el sujeto se pasea por los canales de televisión como una estrella. Se suma Fray Vásquez que ahora dice ser inocente y ya se empieza a hablar de su colaboración eficaz, el pretexto para lograr impunidad. Libre también anda el general de la policía Raúl Alfaro. Libre y acusando a Boluarte se pasea Henry Shimabukuro que tenía oficina para espionaje en Palacio de Gobierno. Y libre está Iber Maraví organizando asonadas.
Tras 18 meses de brutal corrupción en el gobierno de Castillo, resulta que todos los (presuntos) delincuentes encuentran el beneficio de la libertad a cambio de una tarea: desestabilizar la democracia. Los enemigos de la democracia son ciertos jueces y fiscales. Y el país sigue enfrascando en la intriga política.
Mientras tanto, los damnificados del norte siguen sufriendo en medio del agua y el barro, mientras tanto los hospitales y los servicios de salud son cada vez más deficientes, mientras tanto la delincuencia urbana crece. Si no hacemos un alto para tomar las cosas en serio, este país va a colapsar y los operadores políticos y los agazapados por lograr el poder, solo van a conseguir generar la ruina.
